Con la mirada fija en las elecciones que pondrían punto y final al ciclo Zapatero, PP y PSOE aprobaron con el apoyo de otros grupos de la derecha periférica como CiU y PNV la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), en enero de 2011. Con la excusa de arreglar los problemas que abrían la puerta a potenciales fraudes, sobre todo en materia de voto exterior, los partidos del Régimen arremetieron una vez más contra la clase trabajadora. En este caso en particular, atacaron a las emigradas que se ven forzadas a buscar el pan en un país extranjero, huyendo de la precariedad y el paro que hoy, once años después de la llegada oficial de la crisis, siguen asolando este país.

Actualmente, más de dos millones y medio de españolas residen en el exterior teniendo que solicitar su voto a las instituciones consulares pertinentes, cayendo en un nueva y enrevesada vorágine burocrática que aparta a las trabajadoras de su derecho al voto y dilapida su representación en todas y cada una de las instituciones del Estado.

Si nos fijamos en los datos, nos damos cuenta de los demoledores efectos de esta reforma. En las elecciones generales de 2008, antes de la reforma de la ley, el porcentaje de voto fue del 31,88%, mientras que en las de 2011 y 2015, los porcentajes fueron del 4,95% y del 4,73%, respectivamente. La reforma dejó al 95% de las residentes en el extranjero sin posibilidad de votar.

El voto rogado abre un camino de trabas y dificultades para las trabajadoras desde incluso antes de empezar el proceso de ruego.

La nube de desinformación e información errónea y contradictoria aportada desde los mismos consulados se convierte en una primera fuerza de choque contra las trabajadoras que desean ejercer su derecho a voto.

Si pese a los indescifrables y extremadamente apretados tiempos de ruego, que se suelen perder entre tecnicismos legales o torpes titubeos, eres capaz de superar la gran barrera de desinformación, la fase de inscripción en el censo consular no propone menos problemas. Mayoritariamente llevada a cabo de forma presencial, dicha inscripción te obliga a desplazarte a tu consulado más cercano que puede estar a cientos o incluso miles de kilómetros cuando hablamos de los países con mayor tamaño. Esto supone pedir uno o varios días de vacaciones en el trabajo, así como costearse el viaje (que puede ser desde varios depósitos de gasolina, hasta un billete de tren o avión) y un posible lugar de hospedaje para los viajes más largos, un coste inasumible para la precaria clase trabajadora.

Tras inscribirte en el consulado se te abren dos posibilidades para el ruego del voto en sí mismo: ruego presencial, que propone los mismos problemas citados en el párrafo anterior, o bien el ruego por correo que, aunque al principio pueda parecer la opción más apropiada, no se libra de numerosos problemas. La burocracia juega de nuevo en contra de la clase trabajadora con documentaciones que no llegan a tiempo o ni siquiera consiguen llegar en absoluto.

Si consigues superar estas piedras en el camino hacia el ruego y efectivamente te lo conceden, los mismos problemas se vuelven a presentar con el envío de las papeletas, que muchas veces llegan incompletas o fuera de plazo, eso contando con que lleguen en algún momento. También presenta estos inconvenientes el proceso final de voto que igualmente puede ser presencial o a distancia, siendo esta la última etapa de una carrera de obstáculos burocráticos casi inevitables que se repiten una y otra vez haciendo tu voto inemitible.

El voto rogado no es más que otra forma de recordarnos que la democracia burguesa solo es una ilusión en la que no cabe la clase trabajadora, que no solo se ve obligada a emigrar huyendo de la precariedad en la que se le recluye, sino que además se le expulsa de un supuesto derecho de forma activa haciendo uso, como es práctica común, de la burocracia institucional.

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