Decenas de noticias recorren los medios de comunicación cada mes para anunciar lo que, tras una década agotadora, todas esperábamos: la “crisis económica” ha llegado a su fin. Recuperación de la senda del crecimiento, comparativas de los niveles de producción con los años anteriores a la crisis o previsiones de crecimiento del PIB a la cabeza de la Unión Europea son algunas de las noticias con las que nos bombardean los medios de comunicación para que nos convenzamos de que la crisis ya es historia, es algo del pasado.

Las herramientas que se han llevado a cabo para salir de la crisis, esto es, para recuperar la tasa de ganancia de las grandes empresas del país, necesariamente tenían en su origen unas consecuencias terribles para la clase trabajadora. Dos reformas laborales que por un lado abarataban el despido, llegando a regalarlo en algunos casos, y que por el otro lado desequilibraban de una manera pronunciada la negociación colectiva en favor de las empresas; tenían como único objetivo la reducción de salarios para competir en costes. Eso sumado a los recortes en derechos sociales y a la escalada represiva vivida en el país da como resultado una desigualdad social y por renta que pone a España en la cabeza de este obsceno ranking europeo.

Las herramientas que se han llevado a cabo para salir de la crisis, esto es, para recuperar la tasa de ganancia de las grandes empresas del país, necesariamente tenían en su origen unas consecuencias terribles para la clase trabajadora

Los sindicatos han decidido dar respuesta a la desigualdad desde cuatro perspectivas diferenciadas pero relacionadas entre sí: feminismo, pensiones, salarios y precariedad. Una respuesta que pasa por las calles, con un proceso de movilización creciente que dio su pistoletazo de salida el 8 de marzo, con permiso del movimiento feminista, pero que ha continuado a lo largo de los meses con manifestaciones, concentraciones y algunas tibias amenazas de una futura huelga general. Si bien es cierto que estas movilizaciones han estado centradas en feminismo y pensiones, vemos como poco a poco se empieza a abrir el abanico hacia protestas de carácter netamente laboral, ejemplo de ello son las concentraciones del 22 de mayo.

Pero si algo debemos tener claro es que estas movilizaciones sólo pueden tener como colofón un acuerdo: el que realicen los sindicatos para convocar una huelga general. No puede haber otro tipo de acuerdo posible, ni con el gobierno, ni con la patronal. De haber acuerdo, estaríamos ante un error táctico y estratégico de dimensiones estratosféricas, pues las posiciones son tan antagónicas que cualquier acercamiento sería en beneficio de la patronal y no de la clase obrera. Veamos por qué.

En materia de feminismo, no podemos ceder ante propuestas que suponen un lavado de cara pero que no profundizan en la raíz del problema, con presupuestos que reflejan el nulo compromiso del gobierno por revertir la situación. Hablar de feminismo es cumplir con las exigencias emanadas del 8M, que atajen la brecha salarial y las violencias machistas, materializadas en presupuestos y leyes que denoten la prioridad e importancia que la cuestión exige. Programas de sensibilización que señalen el origen patriarcal de la violencia machista, un plan público de persecución de la LGTBi-fobia, o planes de fomento de la corresponsabilidad en las tareas de cuidados tienen que ser medidas exigidas por las centrales sindicales.

Si hablamos de pensiones, el acuerdo entre el PP y el PNV no puede neutralizar nuestras reivindicaciones, porque una simple subida en las pensiones significa pan para hoy y hambre para mañana. Debemos exigir la derogación de las reformas de 2013 y 2011, superar un Pacto de Toledo con claras muestras de agotamiento, e incrementar las cotizaciones de las empresas para garantizar la viabilidad de las pensiones.

Si algo debemos tener claro es que estas movilizaciones sólo pueden tener como colofón un acuerdo: el que realicen los sindicatos para convocar una huelga general. No puede haber otro tipo de acuerdo posible, ni con el gobierno, ni con la patronal.

En cuanto a los salarios, cada día que pasa corre en contra de nuestros intereses, pues los convenios que se firman quedan fuera de cualquier pacto que se pueda alcanzar. No vale un acuerdo que fije unos incrementos salariales mínimos del 2 o 3%, y que además no se puedan materializar en los convenios sectoriales que ya han sido firmados. Debemos exigir subidas salariales que recuperen el poder adquisitivo perdido en los años de crisis, un incremento del Salario Mínimo Interprofesional que supere los 1.000€ y un justo reparto del incremento de la productividad.

Respecto a la precariedad, no podemos aceptar pequeñas reformas en el Estatuto de los Trabajadores, pues estaríamos asumiendo de facto que la reforma laboral es el nuevo marco de relaciones laborales sobre el que nos tenemos que mover, y no lo podemos permitir. La derogación de la reforma laboral de 2012 tiene que ser una línea roja que no podemos cruzar. Aumentar la indemnización por despido, reducir la jornada laboral sin reducción de salario para generar empleo, combatir el fraude laboral o eliminar las ETT deben de ser algunas de las reivindicaciones que los sindicatos deben de poner encima de la mesa.

Sin duda las reivindicaciones expuestas son antagónicas a los intereses y a las políticas llevadas a cabo por el Gobierno. Por ello, el proceso de movilización creciente debe de generar una presión que no se puede dirigir hacia la mesa de diálogo social, sino que tiene que funcionar de motor que impulse la conflictividad como paso previo de acumulación de fuerzas para una futura huelga general. Una huelga general para el último trimestre del año que tenga como objetivos las reivindicaciones anteriormente descritas en materia de feminismo, pensiones, salarios y precariedad. Una huelga general no entendida como punto final de un creciente ciclo movilizador, sino como el primer paso de un conflicto de clase que eleve su discurso, sus reivindicaciones y sus acciones, que permita profundizar en la movilización desde un punto de vista cualitativamente superior y que tenga como objetivo el derrocamiento del régimen del 78 y la búsqueda de una alternativa social fuera de la Unión Europea que permita una vida digna para la clase trabajadora.

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