El neoliberalismo, que con tanta fuerza penetró en todos los ámbitos del Estado, también lo hizo en las universidades públicas. Estas son uno de los mejores ejemplos de cómo esta corriente no solo se aplica a la economía capitalista, sino también a los servicios públicos que un “Estado del Bienestar” en crisis y sin fondos ha desatendido durante décadas.

La universidad pública, como todos los servicios públicos, ha visto que sus contradicciones se agudizaban con la pandemia de la COVID-19. Pero la actual situación no se ha limitado a presentar nuevas problemáticas para estudiantes, profesoras e investigadoras, sino que ha resaltado las dos grandes bases en torno a las que se ha construido un modelo de Universidad neoliberal y antidemocrático: la infrafinanciación y la injerencia de la empresa privada.

A pesar de que las universidades tienen una gran autonomía legal y de gestión, sus presupuestos se ven condicionados por las transferencias del Estado, si bien muchas buscan también fondos de empresas privadas (a través del Consejo Social, donde se sientan bancos como el Santander o La Caixa para influir en la política universitaria como compensación por los fondos que destinan a becas y que debería financiar el Estado). La necesidad de recortar gastos y captar financiación hace que una institución pública se enfoque en la rentabilidad y empiece a funcionar como una empresa, con la consecuencia añadida de que su estructuración interna acabe con la participación de la comunidad universitaria, excluyendo, sobre todo, a las estudiantes.

Además de repartir poco, el Estado no reserva su dinero para las universidades públicas: también subvenciona a los centros privados. Muchos de ellos, que son rentables en buena medida por esas subvenciones, están ahora siendo adquiridos por fondos de inversión extranjeros: los mismos fondos buitre que también expulsan a las clases populares de viviendas públicas y deslocalizan la industria de nuestro país. Tal es el caso de Pemira, que compró por 700 millones la Universidad Europea, o de CVC, que pagó 1.100 millones por la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX).

La declaración del Estado de Alarma en marzo y los cuatro meses del famoso telecole no han contribuido a mejorar la situación. La pandemia y el confinamiento domiciliario forzaron al sistema educativo a adaptarse a la enseñanza telemática, a pesar de la oposición de importantes sectores de la comunidad educativa y de los escasos medios de docentes y estudiantado. CCOO estimó en abril de 2019 que un 70% de docentes y un 40% de estudiantes no podría seguir el curso online. Sin embargo, los ministerios de Educación y FP y de Universidades hicieron caso omiso y apenas hicieron modificaciones en el calendario escolar. Tampoco buscaron dotar de más medios a las profesoras e investigadoras, ni hicieron un esfuerzo real por asegurar el acceso de todas las estudiantes a la educación.

El Ministerio de Universidades, tras meses de inactividad, habilitó un Fondo COVID de 400 millones para la educación superior, del cual que unos 300 se destinaron a las universidades.Este presupuesto aún no se ha ejecutado por completo. Educación, por su parte, anunció que aumentaba la cuantía de las becas a 1.900 millones de euros para el curso 2020-2021.[ Por muy rimbombante que resulte la cifra, hay que señalar que no alcanza los niveles de gasto previos a la crisis de 2008 –tras la cual han subido las tasas– y que la medida en sí no es más que un parche: las tasas universitarias son la barrera económica que garantiza la expulsión sistemática de las estudiantes de extracción popular de la Universidad pública.

La incertidumbre se ha mantenido en la vuelta a las aulas, y sigue un año después del confinamiento. En lo que llevamos de curso, hemos visto cómo la inacción del Ministerio de Educación y FP ha llevado a un descontrol generalizado entre comunidades autónomas, que han movido el calendario de curso de la noche a la mañana y han tomado medidas más que deficientes para garantizar una vuelta segura a las aulas (ejemplo de ello ha sido la gestión de Díaz Ayuso, pero pocas Comunidades escapan de la crítica).

Mientras corren las semanas, los problemas del estudio telemático siguen. Pocas universidades han tomado medidas para paliarlos. Las que sí, como la UC3M, lo han hecho tarde (sus ayudas a la conectividad y a la compra de equipos informáticos se han resuelto resolvieron en noviembre), mal (estas ayudas se asignaban por nota media, y no por renta o necesidad) y a costa de otras partidas presupuestarias (en la misma semana en que se convocaban las becas, el rectorado recortaba en un 25% el horario de las bibliotecas, donde cientos de estudiantes realizan sus tareas de estudio e investigación cotidianas).

En otras universidades, las carencias del estudio telemático van de la mano de carencias democráticas profundísimas. En abril, la Dirección General de Universidades del gobierno de Canarias y la Universidad de La Laguna anunciaban que las segundas matrículas y posteriores en el curso 2020-21 no se encarecerían sobre el precio ordinario de las primeras matrículas. Cuando se inició el proceso de matrícula, la ULL se desdijo y, como consecuencia, cientos de familias se vieron obligadas a afrontar pagos no previstos (o, directamente, no los pudieron afrontar). Este conflicto ha escalado y ha llevado a amplias movilizaciones de las estudiantes, que han ocupado durante varios días el rectorado de la Universidad.[

La organización de las estudiantes es la única forma de que la clase trabajadora no sea quien pague las consecuencias de la pandemia. Aun con los intentos de diversas universidades de dificultar la actividad del movimiento estudiantil, este sigue siendo el único capaz de plantar cara al neoliberalismo, y cimentar una universidad democrática y popular.

Iria F.

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