Durante el último año la salud mental ha sido un tema que ha estado en boca de todos. La mayoría conocemos a alguien que ha visto perjudicado su bienestar psicológico o hemos sido nosotros mismos quienes hemos notado cambios negativos en nuestro comportamiento, nuestras emociones o nuestra forma de relacionarnos con los demás. Y es que la situación pandémica ha causado muchos estragos en nuestra salud mental. 

En un estudio a nivel nacional se ha evidenciado el incremento de síntomas de estrés, depresión, problemas de sueño y desesperanza tras el confinamiento de marzo del 2020, siendo los jóvenes entre 19 y 30 años los más afectados. Los datos no son de extrañar, pues si la incertidumbre por un futuro laboral y la precariedad ya azotaban gravemente a la juventud, esto sumado a la realización de los estudios de manera telemática, la limitación de la actividad social y de ocio y la amenaza de una crisis supone un empeoramiento de la salud psicológica de las jóvenes, especialmente de extracción obrera.

En este sentido, el nivel socioeconómico de las personas que necesitan atención psicológica juega un papel crucial debido a que el acceso a la salud mental en España depende directamente de la capacidad económica. Dados los pocos recursos que se destinan al sistema de salud público en este ámbito, quienes pueden permitírselo, acuden al sistema privado.

Otra realidad que nos ha dejado la pandemia es que el 2020 haya sido el año en el que más uso se ha hecho de psicofármacos, siendo actualmente España el segundo país que más ansiolíticos consume de Europa y el que más benzodiacepinas receta a nivel mundial.

Pero el desgaste psicológico no lo podemos ver de forma aislada en la situación pandémica: tan solo en 2019, 3.671 personas se suicidaron, lo que evidencia un sistema de atención psicológica deficiente y con urgente necesidad de recursos y personal que pueda atender las demandas de la población. 

No es una novedad decir que el sistema público de asistencia psicológica está deteriorado. En España tenemos 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, cifra muy baja en comparación con la media europea de 18 psicólogos por la misma cantidad de habitantes. Pero esto no nos sorprende. El sistema capitalista una vez más, recorta y privatiza la salud pública y nos somete a condiciones vitales de precariedad que irremediablemente conlleva una vulnerabilidad psicológica.

De ese modo, a la clase trabajadora, que no podemos permitirnos la alternativa privada, se nos relega a largas colas de espera, a citas con un margen entre sesión y sesión que llegan a prolongarse meses, a una atención sin recursos, a un uso abusivo de psicofármacos como parche para tratar de revertir la baja calidad del sistema sanitario. 

Así, la atención psicológica se suma a la lista de derechos básicos que bajo el sistema capitalista se convierten en privilegios a los que sólo puedes acceder si tu cartera lo permite. Luchar por más inversión pública, más recursos, más plazas y más reconocimiento es lo que necesita la atención psicológica para dejar de ser la gran olvidada de la salud. 

Por otro lado, el escaso número de plazas ofertadas afecta de primera mano a los estudiantes de psicología. Desde hace años, nos enfrentamos a un conflicto (intencionado) derivado de la mala gestión de los recursos públicos. El centro de la problemática gira en torno a las dos posibilidades para ejercer como psicólogo clínico.

O bien se cursa el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria (MPGS) o bien se obtiene el título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica (PEPC) a través de oposiciones para obtener una plaza como Psicólogo Interno Residente (PIR). La diferencia principal entre ambas opciones es que mientras que con el MPGS se puede ejercer únicamente en el ámbito privado, con el título de PEPC puedes hacerlo tanto en el ámbito privado como en el público.

Sin embargo, más allá de esta diferencia la situación está determinada por tres cuestiones clave. En primer lugar, aunque desde la comunidad de psicólogos se recuerde una y otra vez, el derecho básico de la población de atención psicológica pública y de calidad, en 2021 únicamente se convocaron 9 plazas más que el año anterior, siendo un total de 198 para más de 4.000 aspirantes. Esta limitación en el número de plazas convocadas conlleva que aquellas personas con mayor carga laboral y sin recursos para pagarse una academia de preparación tengan una traba más para lograrlo.

En segundo lugar, es irrisorio el número de plazas ofertadas en los másteres públicos donde la nota de corte es extremadamente elevada, quedando fuera el estudiantado que no puede permitirse ampliar su CV con el coste de cursos formativos extra y ha tenido que compaginar la vida estudiantil con la carga laboral y de cuidados.

Por último, quienes han sido admitidos en las plazas públicas solo les queda la opción, de costearse el título a través de universidades privadas, llegando a pagar hasta 14.000€ por dos años de formación. Estamos ante un conflicto de clase en toda regla.

Por todo ello, un aumento de plazas PIR y de plazas PEPC, además de destinar más recursos tanto a la sanidad pública como a la investigación se hace necesario para que cualquier persona pueda acceder a una asistencia psicológica de calidad. 

No hay salud sin salud mental. Que no se convierta en un privilegio es una necesidad vital.

Redacción agitacion.org

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