Desoyendo a la comunidad educativa, y muy especialmente al estudiantado, desde el Gobierno y las administraciones se han esmerado especialmente en instaurar métodos de enseñanza a distancia con un fuerte componente digital, intentando así suplir las carencias arrastradas del modelo añadidas a la situación de excepcionalidad, y terminar el curso en tiempo y forma. Ya desde el primer día de su implantación son numerosas las muestras de rechazo y las problemáticas que este método ha arrojado a la luz, pero ¿cuáles son las implicaciones del estudio telemático a distancia?

Posiblemente la más reiterada y discutida, con gran impacto mediático e institucional, sea la brecha digital. Un reciente estudio de CCOO señala por ejemplo que al menos 1 de cada 3 estudiantes madrileños sufre problemáticas económicas que le impiden acceder a los medios necesarios para la enseñanza virtual. Problemas que, evidentemente, llevan aparejados un claro carácter de clase, pues la situación crítica que vivía parte de la clase obrera no ha hecho sino agravarse  con el escenario económico actual. No sirve la reducción del problema a una falta de dotación puntual de determinadas familias, sino a un déficit estructural de capacidad de acceso a medios tecnológicos suficientes como para poder asistir regular y adecuadamente a las clases telemáticas y al desarrollo de la programación curricular adaptada. No es casualidad que las problemáticas se hayan dado en la escuela pública, mientras la privada tenía dotación suficiente tanto escolar como individualmente cada núcleo familiar, mostrando el sesgo socioeconómico y de clase de la cuestión.

Desde el movimiento estudiantil se ha demandado y luchado por mejoras socioeconómicas en lo concreto, que contribuyesen a paliar la desigualdad patente, como el reparto de ordenadores; además, se ha trabajado por garantizar un mínimo de acceso a los materiales educativos para aquellas estudiantes que ni siquiera pudiesen adherirse a estas medidas, siendo una buena muestra los distintos bancos de apuntes que han surgido por todo el territorio. La excepcionalidad del momento y las dificultades de lucha por máximos de gran dificultad ha generado un discurso crítico con el abandono del estudiantado por parte de las instituciones, a la vez que se potenciaba el argumentario contrario a la ejecución de la evaluación telemática y la inviabilidad del telestudio.

Ahora bien, la obligatoriedad del telestudio ha sacado a la luz un debate nada novedoso: el avance de la enseñanza telemática y de la digitalización de la educación. Como bien se ha señalado en medio de los debates sobre esta cuestión, ya existían informes y proyectos políticos desde hace años encaminados a fomentar una distribución cada vez mayor de la enseñanza a distancia en detrimento de la presencial clásica. Diversos partidos y organizaciones políticas que han contribuido a las lesivas últimas reformas educativas han suscrito la necesidad de acabar con la brecha digital, pero como medio de implantación del telestudio.

Más allá de la necesidad en lo concreto de las medidas urgentes que se han reclamado y que hemos comentado, este interés general por la enseñanza digital responde a la tendencia privatizante, liberal y segregadora consustancial al actual modelo educativo. Tendencia estimulada y asentada reforma tras reforma, y gobierno tras gobierno.

Efectivamente, el distanciamiento del alumnado mediante el telestudio fragmenta las relaciones que se establecen en las aula, de importancia tanto en el desarrollo social de cualquier persona como en las posibilidades de organización consciente. Así como las empresas de plataformas dificultan la organización de sus trabajadoras gracias al método de desarrollo de la prestación laboral individualmente y fuera del centro de trabajo, la fragmentación de las aulas contribuye al individualismo, el aislamiento, la pérdida de conciencia colectiva y la competitividad. Un duro golpe para el sindicalismo estudiantil. La conciliación personal y estudiantil daría un completo vuelco.  Siendo continuas las críticas por los pocos espacios de estudio municipales, los cuales se ven congestionados de alumnos en épocas de exámenes en busca de un lugar adecuado de estudio, un modelo de educación centrado alrededor de la clase en las viviendas de los alumnos dificultarían la adecuada asimilación de conocimientos. En fin, el desplazamiento del lugar de estudio de lo público a lo privado supone un vaciamiento de lo que podemos llegar a conocer como «universalidad» de la educación, pasando las familias a sufragar una gran cantidad de gastos que antes no costeaban.

Económicamente también es una buena noticias para los adalides de la privatización: toda la dotación necesaria recae en el propio estudiante, pudiendo reducir gasto público en educación a través de recortes aduciendo a la no necesidad creada por el telestudio. Las reducciones de ratios por clase, tan demandadas por estudiantado, las AMPA y profesorado para mejorar la calidad de la enseñanza, pueden pulverizarse y distorsionarse amparándose en la facilidad» de conducir una clase a través de una pantalla. Si a esto le añadimos una flagrante falta de conocimientos telemáticos del profesorado (que al igual que en el modelo de educación bilingüe no se va previsiblemente a tratar de solucionar desde las administraciones) tenemos un cóctel perfecto para una continua degradación de la educación.

Sin embargo, como hemos señalado, no es una casualidad que se aproveche una situación excepcional para ahondar en la depauperización de la educación pública. En medio del Estado de Alarma desde el Ministerio de Educación se ha velado por acelerar el proyecto de la nueva ley educativa, minando las posibilidades de estudio sosegado por las distintas organizaciones de base y, una vez más, sorteando a la comunidad educativa. Mientras tanto, el Ministerio de Universidades se entretenía mediante críticas al estudiantado por «irse a lugares más divertidos en medio de la pandemia» a la vez que no tenían reparo en anunciar el borrador del Real Decreto de ordenación de enseñanzas universitarias: una reforma claramente seguidista de la línea iniciada con Bolonia que, a pesar de esconderse entre promesas de becas y financiación, profundiza en la entrada de la empresa privada en la universidad, en su liberalización y en su constitución como una academia de élites.

Ya tenemos avances de lo que puede esperarnos en un futuro: los múltiples conflictos y problemas que se están suscitando con el cierre de curso telemático, y las tendencias privatizadoras y continuistas de las reformas venideras anuncian un futuro nada halagüeño para la educación pública. Un futuro que, al igual que el pasado reciente, no puede ser sino de lucha por una educación pública por y para la clase obrera.

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