Ante el cambio productivo que sufre España en la actualidad, y con la expulsión de la clase obrera del ámbito académico y universitario, urge generar análisis que transiten desde los inicios de la formación específica laboral hasta las nuevas reformas legales sobre las que pivotan la pauperización y segregación de la Formación Profesional, cómo método para entender los cambios de clase que se están dando en el actual contexto económico y educativo.

La FP en sus inicios 

El embrión de la Formación Profesional nace en el año 1924 con los estatutos de la Enseñanza Industrial y, posteriormente en el 1928 con los de Formación Profesional, siendo regularizada desde el Ministerio de Trabajo. Tras la finalización de la guerra civil española se regula la formación profesional con la aprobación de dos leyes: la «Ley de Bases de Enseñanza Media y Profesional» del año 1949 y la «Ley de Formación Profesional Industrial» del año 1955. La ley de 1949 supone la creación de los Institutos Laborales y se establece un «Bachillerato laboral» en las especialidades Industrial, Marítimo-pesquera y Agrícola; en 1970 se estimaba que existían 298 institutos.

La ley de 1955 presentaba tres niveles de formación: pre-aprendizaje, aprendizaje industrial y maestría industrial. Después, en el año 1970 se implanta la Ley General de Educación (LGE), que integra la Formación Profesional como una parte de formación integral al alumnado basado en un sistema dual de formación, dentro del Ministerio de Educación. La FP se destinaba a los alumnos que no hubieran obtenido el Graduado Escolar o a los que no quisieran continuar estudiando y se les comenzaba a requerir una cualificación profesional para el mundo del trabajo.  Tenía dos niveles: Formación Profesional de Primer Grado y Formación Profesional de Segundo Grado, de tres curso de duración.

Es a partir de la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) en el año 1990 cuando se comienza a tender hacia un horizonte de liberalización de la FP tras la conquista del acceso de las hijas de la clase trabajadora a la Universidad, el paso de la Transición y la entrada de España en la Unión Europea en el 1986. Se comienzan a agrandar las ramas de profesionalización, dejando de lado una FP totalmente volcada hacia la producción industrial. Nacen entonces la Formación Profesional de Base y los ciclos de Grado Medio y Superior, a los se accedía tras la conclusión de la ESO y Bachillerato respectivamente.

Ya posteriormente, el bipartidismo de PP y PSOE trajo consigo diferentes reformas educativas con un mismo objetivo liberal y mercantilizador de la FP: la Ley Orgánica de Educación (LOE) en 2006, en la que nace la FP Dual y la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en 2013, que incorpora la FP Básica en sustitución de los PCPI. El último retoque a este modelo de Formación Profesional se da este año pasado, en 2020 con la aprobación de la Ley Orgánica por la que se Modifica la LOE (LOMLOE) y el Proyecto de Ley de FP que actualmente se está propulsando por parte del Ministerio de Educación y FP, de la que hablamos más adelante.

De la masificación universitaria a su saturación: el redescubrimiento de la Formación profesional.

No podemos entender la entrada de las hijas de la clase trabajadora en la Universidad con la creación de las Universidades Laborales franquistas impulsadas por este régimen dictatorial, ya que suponía una formación profesional especializada que buscaba por un lado la cualificación de la clase obrera para el desempeño de tareas productivas para cumplir con las necesidades de producción nacional y por otro, el adoctrinamiento de la clase contrahegemónica en los principios ideológicos propugnados por aquel régimen, escondido en una cesión académica a nuestra clase. Estas Universidades Laborales desaparecen en 1978, tras años de degradación después de la aprobación de la LGE y viendo su fin en 1980 en el contexto de transición y los Pactos de la Moncloa.

Por tanto, a pesar de la lucha clandestina contra el franquismo, debemos retrotraernos hasta los años de las transición y posteriores, en los que el movimiento estudiantil español bebe de mayo del 68 para poder afirmar la entrada de las hijas de la clase trabajadora a la Universidad. Ahora bien, aún pudiendo catalogar esto como una conquista histórica, la realidad actual es bien distinta, ya que en los últimos años vemos como la falta de financiación a la educación pública y la desigualdad entre escuela pública y privada-concertada está consiguiendo expulsar al estudiantado proveniente de capas populares, siendo cada vez más las estudiantes que logran llegar a este nivel de estudios y la falta de plazas, el elevado coste de la matrícula o la diferenciación de notas medias entre las estudiantes de la pública y las de la privada y concertada por el inflamiento de las últimas, aboca a la clase trabajadora al acceso a la Formación Profesional como continuación de sus estudios.

Tanto es así que la promoción de la FP durante estos últimos años va de la mano de intereses económicos mercantilizadores y privatizadores, ya que se ve este nivel superior de estudios como nicho de mercado por parte de la empresa privada, que tiene un cada vez más fácil acceso a mano de obra barata o gratuita, especializada y sin la necesidad de remunerar con altos salarios cuando realmente existen debido a la concepción de la FP como nivel inferior a la academia universitaria. Esto explica  cómo se pasa de abrir las puertas de la Universidad a la clase trabajadora a sufrir ésta una aglomeración, y tener que expulsar a las estudiantes de capas populares que no tienen cabida hacia una FP a la que se da una “cara más amable”.

En definitiva, la Universidad se satura y el interés institucional para solucionar este problema pasa por la promoción de la Formación Profesional que, por ejemplo, en el curso 2017-18, el número de estudiantes de este nivel superior aumentó un 23,3% con respecto al curso 2012-13. En dicho curso el número total de estudiantes matriculadas en la FP fue de 815.354 y en este curso 2020-21 es de 934.204, creciendo un 5,2% con respecto al curso anterior.

Puede parecer que esta promoción de la FP responde a la necesidad de acoger al estudiantado que queda fuera de la Universidad, pero el problema sigue existiendo cuando vemos que por ejemplo, en la provincia de Málaga 1 de cada 3 alumnos no consigue plaza para estudiar FP en un centro público (de 13.444 solicitudes, 4.282 no consiguieron plaza). Entonces, ¿es realmente una promoción que persigue intereses formativos para la clase trabajadora o en contraposición, persigue intereses empresariales de maximización del beneficio y reducción de costes salariales?

Las prácticas en la empresa: ¿formación o explotación?

Sobre dicha cuestión ronda el debate de las prácticas laborales ante las necesidades del mercado. La Formación en Centros de Trabajo o lo que se conoce popularmente como “prácticas” es el módulo final (los módulos equivalen a las asignaturas en FP) necesario para poder obtener la titulación. En él los alumnos y alumnas de FP realizan prácticas en el centro de trabajo durante un periodo de unas 350 horas en el caso de los títulos de Técnico Superior.

Estas prácticas en la inmensa mayoría de los casos no son remuneradas y, además, continúan sin generar cotizaciones. A pesar de que la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto Ley 28/2018 obliga a que las empresas o los centros educativos coticen por el alumnado de prácticas, la ausencia de una legislación que concrete este asunto sigue manteniendo a los alumnos sin cotizaciones.

Mientras que asociaciones de empresarios como la CEOE denuncian que esta medida perjudicará a las empresas y desincentivará la colaboración con centros educativos para que el alumnado curse el módulo de prácticas, muchos especialistas coinciden en que este modelo seguirá siendo muy beneficioso para la empresa.

No podemos olvidar que es un módulo obligatorio para obtener la titulación, y que, en el caso de los docentes, en muchos casos tenemos que asignar empresas sin un estudio previo de su aportación a la formación del alumno y sin medios suficientes para hacer un adecuado seguimiento al alumnado de prácticas. La figura del tutor de prácticas, cuyo requisito es dominar la tarea que vaya desarrollar el alumno y acompañarle en las prácticas, no requiere ninguna acreditación pedagógica pero sí participa en el proceso de evaluación del módulo.

La nueva ley de FP también va a incentivar el modelo de Formación Profesional Dual. Este modelo se vende a menudo como la panacea de la “empleabilidad”. Se trata de que el alumnado pase una parte significativa del periodo lectivo (un mínimo 33%) formándose en la empresa. Aunque en la mayoría de las comunidades autónomas es obligada su remuneración, siguen recibiendo una contraprestación precaria en comparación a cualquier otro empleado. Sin embargo, la mayoría de este alumnado en poco tiempo adquiere una productividad que compensa su escasa remuneración y cotizaciones, así como cualquier dedicación a su formación.

Luis D., profesor de Formación Profesional en el ámbito de la informática.

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