VER: La salud pública en el capitalismo

En el contexto descrito en la primera parte del reportaje, aparece la pandemia de la COVID-19. La gestión mundial, estatal y regional de la enfermedad causada por el coronavirus ha servido para evidenciar las debilidades de una sanidad pública cada vez más precarizada y los esfuerzos de las instituciones por dirigir sus inversiones al ámbito privado, que permite obtener más rédito, no sólo económico, sino también político, bajo el concepto de “colaboración público-privada”, haciendo creer que todas las partes reman hacia un mismo lado, cuando luego esas entidades privadas, tras cobrar su factura por adelantado, redirigen a sus pacientes hacia los servicios públicos alegando falta de capacidad.

Que prácticamente ningún sistema sanitario a nivel mundial estaba preparado para una pandemia es algo innegable, pero esto no puede ser una justificación para las decisiones que se han tomado a nivel sanitario, unas inducidas años atrás a base de recortes y precarización, y otras más recientes, poniendo la producción económica y los intereses del capital muy por delante de la salud humana. El caso en España es uno de los más sangrantes, no ya por la tardanza a la hora de aplicar medidas, sino también por la aceleración imprudente de una desescalada para impulsar levemente la economía, dada la enorme dependencia que tiene el modelo productivo del turismo.

A todo esto se suman las diferencias de gestión entre Comunidades Autónomas que, además de la descoordinación, están presentando graves casos de negligencia, como ocurre con la Comunidad Madrid. El hecho de aumentar los fondos únicamente cuando la gestión privada no es rentable es a todas luces insuficiente para la clase trabajadora, pero peor es cuando estos fondos se dedican a un denominado “Hospital de pandemias” que supone una nueva inyección a empresas privadas manteniendo toda la atención primaria cerrada o con servicios mínimos. Para agravar aún más la ya de por sí preocupante pandemia, los profesionales de la salud, hartos de la discriminación que sufre su trabajo por ser supuestamente vocacional, lo cual parece “justificar” la explotación y precariedad que sufren, acabaron por convocar una huelga de MIR (disminuyendo aún más si cabe el personal disponible). Además, la plantilla de rastreadores sigue siendo incomprensiblemente inferior a lo “prometido” en el mes de mayo para avanzar en la desescalada, a la par que se buscan voluntarias entre jóvenes recién graduadas para supuestamente ahorrar costes, mientras se privatiza el resto de la gestión en manos de empresas privadas como Indra y Telefónica. La conclusión que se saca de todo esto es que el gobierno derechista de la Comunidad de Madrid no hace más que evidenciar con sus medidas el hecho de que el capitalismo es incompatible con la vida.

Aun así, por más que la crítica al gobierno regional sea justa y necesaria, también debemos hacer una crítica a nivel global. Por un lado, tenemos a la OMS a la cabeza de la lucha contra la COVID-19, una organización financiada principalmente por grandes corporaciones farmacéuticas, a la que poco o nada afecta que países como EEUU eliminen su aportación. La OMS ya había demostrado en 2009, con su gestión de la pandemia de gripe A, que su función es la de ser un mero canalizador de los intereses de determinadas empresas, haciendo uso de una supuesta legitimidad que sirvió para crear una alarma desproporcionada a nivel mundial sobre la pandemia, que acabó provocando que muchos países invirtiesen grandes sumas de dinero en material sanitario que más tarde se vio que no era necesario, enriqueciendo a las mismas farmacéuticas que financian a la OMS. En 2020 parece que ese asunto ha quedado olvidado, y todo el mundo confía en la buena voluntad de la OMS y las organizaciones que la respaldan.

Por otro lado, estaría el desarrollo de la vacuna para la COVID-19, en el cual se ve otro claro ejemplo de la contradicción capital-vida. La carrera entre las diferentes empresas para ser la primera en comercializar la vacuna no solo juega con ingentes cantidades de dinero procedentes de sus inversores que esperan un descomunal retorno y publicidad más optimista a cada día que pasa. La opacidad de aspectos esenciales como la fiabilidad de dichas vacunas, qué pruebas (y en quién) se están realizando, hasta qué punto puede comprometerse su eficacia por llegar primero a la meta, qué criterios (no solo económicos, sino también ecológicos) se van a tener en cuenta para la fabricación y distribución, y si el reparto de las dosis va a implicar repetir situaciones como las ya vistas con las mascarillas, en las que cualquier tipo de solidaridad internacional se esfuma, y se mira únicamente por una cifra alta para sacar pecho, y un precio bajo para ahorrar, de nuevo, en pos de la salud.

El hecho de que la inmensa mayoría de vacunas se estén realizando por parte de compañías privadas (exceptuando tal vez la anunciada por Rusia, y las correspondientes a empresas estatales chinas) no solo supondrá un nuevo ejemplo de transferencia masiva de fondos desde lo público a lo privado, sino también una nueva prueba de que una sanidad pública, en capitalismo, no es suficiente, ya que se mantiene el negocio con la salud, si no directamente, de forma indirecta.

Tal vez solo hacía falta una pandemia para poner de nuevo en evidencia la importancia de los servicios públicos (y en este caso, concretamente el sanitario), o lo que queda de ellos tras años de expolio gracias a las políticas neoliberales. Las limitaciones señaladas en los sistemas de sanidad bajo el capitalismo no lo hacen el fin a lograr, pero sí algo a defender frente al “sálvese quién pueda” como propuesta antagónica, y evolucionar hacia una sanidad que no acepte lo privado (por financiación suficiente, de manera que no hay intereses externos a los que atender), tanto en la atención como en la investigación, que ponga la importancia en la raíz de los problemas (por ejemplo, la clase obrera, por simples condiciones materiales, que dan lugar al hacinamiento y al uso casi obligado de transporte público, es más propensa a padecer enfermedades o sufrir contagios como con la COVID-19), y que no haga de contrapeso reaccionario en cuestiones como las relativas al colectivo trans.

Pero más allá de eso, en un contexto de pandemia (que por suerte, no es lo habitual, aunque sí deja ver las carencias de cada Estado y en qué centran sus recursos), las desarrolladas democracias liberales de Occidente se quitaban entre sí mascarillas y medicamentos, comprando y vendiendo al mejor postor. Mientras tanto, el dilema capital-vida iba generando muertes, a la par que otros países (Cuba en particular), con muchos menos recursos económicos y materiales, se han podido permitir el lujo de enviar material y sanitarios para ayudar al resto, gracias a la ventaja de no tener que arrastrar el lastre del capitalismo.

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