Si actualmente en España alguien habla de tensión territorial, automáticamente se va a asociar al procés soberanista en Cataluña. Y si alguien habla de impacto ambiental, lo más probable es que nos vengan a la cabeza las movilizaciones ecologistas de los últimos meses. Sería muy extraño que ambos temas estuvieran interconectados… o no tanto.

A primera vista, y según nos han enseñado en el instituto, en un país como el nuestro ya se produjo un éxodo rural, motivado por las míseras condiciones existentes en el campo en la posguerra y por un sistema productivo cuya mayor modificación en el último mileno había sido la introducción del arado de vertedera. Desde entonces, el mundo rural español pareciera que se ha mantenido estable y ha progresado enormemente. En ese mundo idílico de los libros de texto, la Unión Europea ha contribuido enormemente a ese progreso con la Política Agrícola Común, la introducción de un mercado alimentario único o la supresión de aranceles. De las cuotas lácteas o las sacas de cepas no se recoge apenas mención. Sin embargo, la cruda realidad en cuanto a la población rural en los países del Sur de la UE es la siguiente:

Sin lugar a duda, el mundo rural español es el principal perjudicado de una política agrícola y ganadera que ha concentrado la producción europea en los países del centro europeo (incluidas Francia e Italia) y que en nuestro país ha repartido poco más que migajas. Las subvenciones de los fondos FEDER han sido empleadas principalmente por las estructuras caciquiles de nuestro país (como las Diputaciones Provinciales o los Cabildos) para mantener sus redes clientelares, subvencionar a sus empresas amigas y edificar construcciones, instalaciones e infraestructuras de escasísimo o nulo impacto productivo. Se ha desvalorizado a marchas forzadas la economía del rural español sustituyendo nuestras estructuras productivas por gigantescos carteles terminados en:

La enorme extensión española en riesgo de despoblación además no mantiene un nivel constante de población.

La falta de oportunidades laborales, el cierre de colegios, institutos y centros de salud en nuestros pueblos llevan a la juventud a emigrar en proporciones sangrantes para la vida de nuestras localidades. Valgan los siguientes dos mapas como evidencia gráfica.

Si todos los municipios coloreados en este primer mapa pierden al menos el 1% de su población en la década 2007-2017:

Son más aún los que pierden población entre los 16 y los 44 años:

Más allá de ejemplos más conocidos y especialmente sangrantes (como las provincias de Soria o Teruel), podemos observar que es una situación más o menos homogénea en nuestro territorio. Esto implica un círculo vicioso, en el que desciende el número de personas jóvenes, se reducen servicios públicos y dotaciones, y por ausencia de estos las personas jóvenes emigran. A esto contribuye enormemente la falta de defensa de las industrias productivas y de transformación que existían en el mundo rural. La sumisa aceptación de nuestro rol como parque turístico y de servicios a bajo coste de Europa concentra la población en la costa y las grandes ciudades.

Para verlo de manera más impactante, el conjunto del territorio coloreado en este mapa concentra únicamente el 10% de la población del país (algo más de 4 millones y medio de personas):

Al mismo tiempo, los municipios coloreados en este otro mapa agrupan al 90% de la población (más de 42 millones de personas):

Esta situación es a todas luces un sinsentido ecológico y humano. El impacto medioambiental de la gestión de residuos masiva en áreas metropolitanas como la de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Zaragoza; las distancias que se recorren todos los días millones de trabajadores y estudiantes desde sus casas a su lugar de trabajo o estudio, y el consumo energético o hídrico por encima de las posibilidades sostenibles derivado de todo esto, desaconsejan fuertemente este modelo de desequilibrio territorial.

No es solo una querencia emocional hacia nuestros pueblos y territorios, no es una voluntad irracional de vivir donde hemos crecido, es que el coste en horas de vida y en recursos naturales de la vida en las grandes áreas metropolitanas de este país es a todas luces ineficiente.

Es necesario poner de manifiesto la necesidad imperiosa de que los avances tecnológicos no se limiten a las grandes ciudades, que no se genere una lucha entre las trabajadoras del campo y las de la ciudad por dotaciones y servicios públicos de calidad, que no vista de revolución digital y tecnológica el abandono al que se condena a nuestros pueblos y al conjunto del mundo rural.

La situación tiene claros culpables. El primero es la concentración empresarial propia de la fase imperialista del capitalismo, unida al papel de España en el sistema productivo europeo que nos ata de pies y manos a la hora de tomar decisiones soberanas. El segundo son las administraciones, europeas, estatales y autonómicas, que, bajo el manto de pomposos retos demográficos y aspiraciones comunes, limitan sus políticas para el mundo rural a la concesión de subvenciones y a la demanda de beneficios fiscales para las empresas de las zonas más afectadas por la despoblación (no para sus mayores en situación de dependencia, ni mayores becas para el estudio para sus jóvenes, sino únicamente para las empresas).

Por eso mismo la juventud no cejaremos en nuestro empeño en luchar por una vida digna, allí donde queremos vivirla y establecernos. No cejaremos en nuestro empeño por romper con la Unión Europea y sus políticas voraces, que nos condenan a la emigración y la precariedad, y por encima de todo no dejaremos de señalar ni un solo momento al capitalismo voraz que destruye nuestros recursos naturales, nuestros pueblos y nuestra tierra.

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