Existe un hilo que conecta directamente al franquismo, con los gobiernos de la Transición, el PSOE y el PP. Las tramas policiales y de espionaje. Dicho de otra manera, la vulneración continuada de Derechos y Libertades, la corrupción y la financiación con dinero público de estructuras armadas y de espionaje ilegales y el encubrimiento de los delitos cometidos por estas tramas. Todas conocemos cómo los gobiernos de Felipe González financiaron y dirigieron a través del Ministerio de Interior durante los 80 a los GAL, que cometieron numerosas atrocidades en nombre de la lucha antiterrorista en Euskal Herria, especialmente en el territorio francés. Sin embargo, los operativos represivos organizados por los gobiernos del Estado para proteger sus intereses políticos no paran ahí: son una constante en las dinámicas del Régimen.

La revelación del secreto de sumario del caso Kitchen (investigación que formaba parte de la Operación Tándem, que trata sobre los operativos parapoliciales entre 2013 y 2014) nos está dando alguna que otra pista sobre cómo se financian y organizan las operaciones represivas.

¿Qué investiga exactamente este caso y por qué es de tanta relevancia? 
Durante los años de gobierno de M. Rajoy existió un entramado corrupto conocido popularmente como “policía patriótica” dirigido por el Ministerio de Interior (entonces al mando de Jorge Fernández Díaz) que buscaba perjudicar a los rivales políticos del Partido Popular y proteger los intereses de este por medio de escuchas a rivales políticos, operaciones parapoliciales contra el independentismo, destrucción de pruebas de los casos de corrupción del PP y un largo sinfín de acciones al margen de la legalidad y la legitimidad de un cuerpo policial.

A la cabeza de gran parte de estas operaciones estaba José Manuel Villarejo, ahora en prisión preventiva desde noviembre del 2017. Villarejo es el principal imputado de la Operación Tándem: investigado por casos de espionaje a empresarios y políticos, es una figura clave para entender cómo se entrelazan todos estos casos de corrupción y represión. 

Por filtración de Villarejo conocemos las grabaciones en las que Corinna Larsen reconoce que Juan Carlos I recibió 100 millones de dólares de Arabia Saudí y que recurrió a una sociedad offshore para ocultar su dinero. Esta grabación fue el hilo que inició la investigación por presunto blanqueo contra Larsen, investigación que, como es de sobra conocido por todas, causó la fuga del rey emérito Juan Carlos I hace unos meses.

Y es aquí donde se evidencia, que además de los gobiernos del PP y del PSOE, la Monarquía es uno de los grandes directores y beneficiarios de estas tramas corruptas. Sin ir más lejos, el durante años Jefe del Estado Mayor de la defensa, y posteriormente Director del CNI durante una década, el General Félix Sanz Roldán, maniobró en múltiples ocasiones para ocultar los chanchullos de Zarzuela. Incluso este mismo año salió a la luz que había viajado a Emiratos Árabes a visitar a Juan Carlos I, y que allí se había vacunado de forma opaca y privilegiada.

Es Villarejo el principal investigado por la destrucción y ocultación de pruebas en beneficio del Partido Popular. Y es Villarejo quien afirmó: “Las maldades que me han encargado a mí para salvarle el culo al Barbas (…) ¡No te lo puedes imaginar! Que podía estar preso el Presidente del Gobierno eh, por muchas cosas”.

Las investigaciones dentro de esta macrocausa afectan principalmente a altos mandos del Partido Popular, como Fernández Díaz, que está imputado a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Esta misma Fiscalía pide la imputación de María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular durante los hechos investigados. 

Luis de Guindos, exministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo, ha sido salpicado por las escuchas de Villarejo en las que se afirmaba que era conocedor de las cuentas en el extranjero del rey emérito y que no denunció la existencia de estas. Por si fuera poco, este caso también evidencia las argucias del Partido Popular para protegerse como organización de sus casos de corrupción.

Visto todo lo anterior, cabe preguntarse: ¿Es todo este entramado algo organizado única y exclusivamente por los gobiernos del PP o hay implicaciones anteriores y más profundas?

Para responder a esta pregunta debemos analizar primero a través de qué estructura se financiaron y organizaron todas estas operaciones. 

Parte de la respuesta la encontramos en la Dirección Adjunta Operativa (DAO), dependiente de la Guardia Civil. Este organismo tiene unos fondos reservados desde los años 80 que puede utilizar sin prácticamente justificar su gasto. 

Entre 2012 y 2016 los fondos destinados a la DAO crecieron exponencialmente. Según la Fiscalía Anticorrupción, la documentación remitida desde la DAO a la Secretaría del Estado no se comprobaba antes de liberar los fondos solicitados. Esto supone que no existía constancia o justificación de los detalles del reparto de dinero o de las intenciones de las operaciones de la DAO.

La DAO fue la estructura encargada de albergar la brigada política, cuyos miembros están todos imputados por el espionaje a Bárcenas, incluido su director, Eugenio Pino, elegido por el Partido Popular para el cargo. También está investigada la Unidad de Asuntos Internos, perteneciente a la DAO, y presuntamente vinculada con las operaciones políticas contra el independentismo en Catalunya.

Todos estos tejemanejes y estructuras nos recuerdan al funcionamiento de los GAL. Estos, financiados directamente por el Ministerio de Interior, no eran más que otra manifestación de las operaciones que ahora estamos conociendo a través del caso Kitchen: grupos policiales actuando al margen de la ley en beneficio de los intereses del partido en el gobierno (y también del principal partido de la oposición, merced al bipartidismo tradicional); financiación de operaciones de encubrimiento a través del Ministerio de Interior y los distintos organismos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; represión y obstrucción de la justicia.

En agosto de 2020, durante un rifirrafe en el pleno de los diputados a colación de las polémicas destituciones dentro de la Guardia Civil del ministro Marlaska, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía la desfachatez de afirmar: “¿Saben qué no van a encontrar nunca en este Gobierno? Una mal llamada policía patriótica para encubrir delitos y perseguir adversarios. ¿Por qué atacan al ministro Marlaska? Porque está investigando para destaparla”.

¿Es que acaso el PSOE ha olvidado que Felipe González no permitió la investigación completa de los fondos reservados que financiaron a los GAL? ¿Es que no recuerda cómo, durante el gobierno de José María Aznar, se concedió un indulto a Rafael Vera y José Barrionuevo, miembros del gobierno del PSOE condenados precisamente por malversación de caudales públicos para financiar las actividades de los GAL?

El bipartidismo se comporta como dos perros con el mismo collar ladrándose cara a cara. Año tras año, caso tras caso, la corrupción de los pilares constitucionales se evidencia cada vez más, dejando claro sobre qué se sostienen realmente: encubrimiento, mentira y represión. 

Thomas G.

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