El último gran hito de la política colombiana del que tuvimos amplio conocimiento a este lado del Atlántico fue la firma de los Acuerdos de paz de 2016 entre el Estado colombiano y uno de los grupos insurgentes de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP). La suscripción de estos pactos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla se proponía poner fin al conflicto armado que el estado (junto con los grupos paramilitares) desarrollaba contra la insurgencia (y grupos políticos de izquierda como la Unión Patriótica – UP o movimientos sociales) y que ya duraba más de medio siglo.

El abanico de las causas y consecuencias de la guerra, que todavía hoy perduran, representa un repertorio de horrores que va desde las matanzas indiscriminadas por parte de grupos paramilitares hasta el desplazamiento forzoso de sus tierras de miles de campesinos, pasando por el exilio en el extranjero de miles de colombianos víctimas de persecución política. 

Aun sin detenerse en estas cuestiones, sin explorar las causas del conflicto y actuando de forma tendenciosa, el seguimiento mediático que aquella convención de La Habana tuvo en España fue relativamente amplio, así como el del posterior plebiscito y su resultado. Desde entonces, sin embargo, la actualidad de la vida política colombiana ha desaparecido de la primera plana de los grandes medios.

En esos mismos foros -que nos sirven cada poco dosis de propaganda contra la revolución bolivariana en Venezuela- resulta hoy difícil encontrar informaciones, más allá de algún reporte puntual, sobre las miserias y abusos sistemáticos que afectan a otros países de la región y en especial a Colombia.

Quedan fuera del gran foco y de la discusión, por ejemplo, los numerosos incumplimientos de los Acuerdos de Paz por parte del Estado colombiano, alentados por el propio gobierno de Iván Duque y los poderes fácticos del país. Los acuerdos constaban de seis grandes puntos (1. Desarrollo agrario integral; 2. Participación Política; 3. Fin del conflicto; 4. Solución del problema de las drogas; 5.  Víctimas del Conflicto; 6. Implementción), que han sido transgredidos de forma sistemática casi desde el momento de la firma. Pero ¿en qué consisten específicamente estas transgresiones? 

A modo de ejemplo, la concentración en la propiedad de la tierra es una dinámica que no se detiene; los campesinos se ven imposibilitados de regresar a sus territorios ante un clima de creciente inseguridad y los servicios e infraestructuras públicas prometidos no llegan a las zonas rurales (Punto 1).

Aún hoy 400 firmantes del acuerdo de paz siguen en las cárceles como presos políticos y los asesinatos de exguerrilleros firmantes, de líderes sociales, mujeres, jóvenes y niños a manos de la alianza criminal de militares y paramilitares no se han detenido en los últimos tiempos, sino que se han agudizado (Puntos 2 y 3).

No se ha dado total materialización de los programas de inclusión social de excombatientes en proyectos productivos (Punto 3).

Se ha procedido, en la línea de lo exigido por EEUU, a la fumigación de cultivos de campesinos adheridos al Programa de sustitución de cultivos Ilícitos; programa que, durante el año 2020, fue desfinanciado al 97%, mellando con ello toda capacidad de implementación real e incumpliendo el propósito del acuerdo de proteger a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico (Punto 4).

La deslegitimación, desfinanciación y ataques políticos contra los órganos específicos de reparación creados en virtud de aquellos acuerdos (la Comisión de la Verdad o la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP) han sido constantes y el porcentaje registrado de víctimas reparadas, ínfimo (Punto 5).

Los retrasos, la falta de probidad, las dilaciones, distorsiones y simulaciones de cumplimiento a cargo del ultraconservador gobierno de Iván Duque integran, en definitiva, el catálogo del incumplimiento y los mayores obstáculos para la efectiva implementación de los acuerdos (Punto 6).

Los Acuerdos de Paz, además del valor histórico y político que en sí poseen, no son solamente un armisticio entre dos partes en conflicto, sino que constituyen un repertorio fiel de las problemáticas económicas y sociopolíticas que llevan atravesando al país por más de medio siglo. La insurgencia armada no fue nunca su causa, sino la consecuencia de un estado de cosas tremendamente hostil a las clases populares.

Estos problemas e injusticias no han desaparecido con el abandono de la lucha armada por parte de las FARC-EP (aún en espera de reanudar la mesa de diálogo con otro grupo de la insurgencia, el Ejército de Liberación Nacional- ELN), sino que, muy al contrario, persisten y, requieren por lo tanto de una movilización acorde con el escenario abierto para la lucha y resistencia contra esas injusticias sociales y la reacción, tan bien encarnada en el ejecutivo de Duque, en un contexto estrictamente político.

En este contexto, la movilización social y política en Colombia vive desde hace años un ciclo creciente que está plenamente justificado. El desempleo ronda la tasa del 17%, los servicios sanitarios básicos están privatizados y la subnutrición es un problema galopante. Desde lo público no se ofrece ningún apoyo o solución, ya sea en forma de renta básica o en cualquier otra modalidad, sino solo el autoritarismo, el descontrol y la vileza. Características estas del Estado Colombiano que han quedado una vez más en evidencia con la salida a la luz del caso de los falsos positivos (6402 ejecuciones extrajudiciales, algunos de ellos y ellas discapacitadas, a manos del ejército de jóvenes a los que hicieron pasar por guerrilleros y que, naturalmente, no tenían ningún vínculo con la insurgencia).

Con la voluntad inconstitucional de Iván Duque de llevar más allá de los cuatro años fijados por la ley su mandato presidencial; con la subida de impuestos al consumo y la bajada fiscal a grandes fortunas y monopolios; con su complicidad con la política exterior imperialista estadounidense; con el asesinato y persecución de líderes sociales; con la permanente mentira en todo lo relativo a la vacunación contra la COVID 19; con la indiferencia pública hacia los feminicidios, 460 en el año 2020.

La izquierda transformadora, organizada en partidos políticos o a través de movimientos sociales y de movimientos indígenas como MAIZ, atraviesa actualmente en Colombia, como antes se decía, un impulso creciente. El Comité Nacional del Paro, movimiento social recientemente surgido, consiguió llenar las calles de las principales ciudades colombianas durante el año 2019 en protesta contra todo lo enumerado antes y llegó a solicitar audiencia con el presidente Iván Duque para trasladar sus demandas al gobierno.

En paralelo, y en un proceso similar al que estamos viviendo en España, las fuerzas políticas y movimientos rupturistas se encuentran inmersas en un proceso de confluencia y consolidación de lo que los comunistas llamamos Unidad Popular. Unión Patriótica (frente de masas del Partido Comunista Colombiano), Colombia Humana (movimiento del candidato presidencial Gustavo Petro), Polo Democrático y otras organizaciones políticas como MAIZ están atravesando el difícil e ilusionante reto de consensuar un programa de mínimos, haciéndolo, además, de forma participativa y formar así él lo que se ha dado en llamar “Pacto Histórico”. Efectivamente, unir todo aquello que se pueda unir para construir un país más justo, igualitario, seguro, próspero, feminista y respetuoso con los DDHH para todas las personas es un deber histórico de primer orden. Desalojar a la alianza criminal y reaccionaria que desangra, somete y gobierna Colombia desde hace tanto, también. 

A día de hoy, 74 personas han sido asesinadas en las protestas que se suceden desde mediados de abril. Muchos más son los heridos graves. Continúan semanalmente las protestas. Toda una generación de colombianos y colombianas ha llenado las calles de Dignidad, contra el paramilitarismo, el neoliberalismo y por La Paz. Consigamos que este esfuerzo no sea en vano.

Por la Vida, por la Paz, por la Democracia y con Justicia Social.

¡Viva el Pacto Histórico!

Yuveli Maritza Muñoz Pardo

Abogada colombiana en el exilio 

Militante del Partido Comunista Colombiano y de España

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