La asistencia y cuidado a los mayores es un sector conocido por su alta privatización y consecuente precarización. En Nafarroa esta situación no es diferente, ya que casi la mitad de las plazas residenciales que se ofertan (un 46’7% en 2018) se encuentran gestionadas por empresas privadas.[1] Un sector del ámbito de los cuidados, tradicionalmente asociado a la esfera del hogar y totalmente feminizado e invisibilizado, que no por casualidad sufre de condiciones laborales que distan mucho de ser dignas.

Hablamos con Uxue, educadora social que trabaja en una residencia privada para la asistencia a personas mayores desde hace unos meses, como cuidadora gerontológica.

 

Si hay algo que caracteriza a las crisis sanitarias es la histeria y la desinformación. ¿Cómo se ha estado gestionando esto desde las instituciones de la Comunidad Foral a la hora de dar directrices y de establecer protocolos que protejan tanto a pacientes como al personal de las residencias?

Los problemas a la hora de la comunicación y el establecimiento de directrices es la desconexión de las instituciones sanitarias con las trabajadoras de las residencias, ya que la mayoría son privadas y que si por algo se caracterizan son por sus pésimas condiciones laborales (aprovechándose de un trabajo no profesionalizado, invisibilizado y feminizado), la supeditación del cuidado a el interés económico y en este momento, en dónde centran las prioridades estos centros a la hora de aplicar las medidas preventivas. En definitiva, es la externalización de los servicios de cuidados una de las principales problemáticas, si no la más importante, que existe en este sentido.

La máxima de los centros ha sido mantener el número de usuarios intacto, la reducción de ciertos servicios externos de la residencia debido a las normas de acceso y salida, y que responden en primera instancia a garantizar los beneficios por encima de cualquier otro aspecto. En este sentido hemos sido las propias trabajadoras las que hemos tenido que aterrizar los protocolos generales de prevención (tanto de usuarios, como de trabajadoras) ya que la residencia no contaba ni siquiera con protocolos mínimos de seguridad en materia de prevención de riesgos y la planificación de la gestión de la crisis que había realizado era cuanto menos, insuficiente.

Esto ha implicado grandes problemáticas, por una parte, la sobrecarga de trabajo al tener que establecer los protocolos de prevención de contagio, que no es labor de la plantilla sino de la empresa. Y por otra, porque las trabajadoras no tenemos la formación suficiente en Prevención de Riesgos Laborales y una deficiente o mala aplicación de ciertas medidas podría haber supuesto un problema de salud pública, de la que por supuesto, nos habríamos responsabilizado nosotras ya que la empresa no ha querido garantizar las condiciones de seguridad necesarias.

¿Cuál consideras que es la situación respecto a las condiciones de seguridad?

Una de las mayores problemáticas es que la plantilla de cuidadoras gerontológicas está exclusivamente formada por mujeres. Debido a la precarización e invisibilización del sector, no gozamos de condiciones de seguridad, pero en general tampoco de unas condiciones laborales dignas.

Más allá de las problemáticas derivadas de la aplicación de protocolos de seguridad y Equipos de Protección Individual se sigue observando en la gestión del centro una cierta pasividad a la hora de reflexionar sobre la seguridad del centro ante un problema de salud pública. Se nos han garantizado los EPI adecuados, pero a base, primero de planificarlos nosotras y segundo, presionando continuamente a la empresa para que hiciese una planificación en torno al abastecimiento.

Hemos tenido turnos en los que a mitad de jornada nos hemos quedado sin material suficiente para continuar desarrollando nuestro trabajo, y muchas veces nos hemos tenido que exponer al contagio, ya que no podíamos dejar, por ejemplo, a usuarios sin satisfacer necesidades básicas como la higiene. Este tipo de situaciones nos lleva directamente a la necesidad de poner en el espacio público la centralidad de la vida como un asunto prioritario. La calidad de vida de nuestras mayores por una parte, y la nuestra como trabajadoras tienen que ser el centro de la acción del servicio de una residencia.

Hablando de derechos laborales, ¿cómo ha repercutido la situación del COVID-19 en la carga de trabajo del personal sanitario? ¿Cómo lo está gestionando la empresa para la que trabajas?

Cuando se inició el estado de alarma y la residencia decidió cerrar al exterior las instalaciones, la empresa también dio de baja a las compañeras de la plantilla que formaban parte de la población de riesgo, lo que supuso disminuir la plantilla de cuidadoras gerontológicas casi a la mitad. A priori esto fue una decisión compartida, ya que garantizaba la seguridad de aquellas trabajadoras sensibles y desde las instituciones se flexibilizó la contratación para el sector sociosanitario.

Sin embargo, dicha flexibilización se priorizó exclusivamente durante las primeras semanas a la sanidad pública, lo que provocó que la plantilla que quedamos tras las bajas tuviera que asumir ese trabajo. Las trabajadoras sociosanitarias, una vez más, somos las grandes olvidadas. Esto se tradujo en la imposición de horas extra de fuerza mayor y distribución irregular de las jornadas laborales, llegando a tener, por ejemplo, jornadas de 12 horas repartidas en horarios de mañana, tarde y noche (entrar de 06:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 y múltiples variantes).

A esta sobrecarga de trabajo se sumaba al aumento de ratios por cuidadora y una disminución absoluta de la calidad de atención al cuidado de las personas mayores que se encuentran en la residencia. La salud laboral de las plantillas se ha visto enormemente afectada, tanto física como psicológicamente.

Las excesivas jornadas y su irregularidad no solo han provocado problemas de fatiga y agotamiento, así como problemas articulares debido al tipo de trabajo que se realiza, sino que el uso de las propias EPI de forma tan continuada también ha provocado problemas de salud. La coyuntura de crisis sanitaria, los contagios dentro de la residencia y el miedo que ha provocado dicha situación, la formación insuficiente ante un riesgo biológico de estas características, la falta de atención psicológica, la incompatibilidad de conciliación fuera de la jornada laboral, lidiar con situaciones altamente traumáticas (muertes de usuarios, la repercusión de la crisis en la salud mental de los usuarios y el efecto sobre nuestro trabajo, etc.)… se ha traducido en la aparición de problemas psicológicos como altas tasas de ansiedad, e incluso depresión, dentro de la plantilla.

La gestión del centro no ha existido, se ampara continuamente en el estado de alarma para justificar que la salud de la plantilla mejorará cuando se recupere la normalidad, en vez de poner a nuestra disposición, por ejemplo, un servicio de atención psicológica. Pero con esta justificación se ahorra la necesidad de aplicar medidas y dedicar recursos económicos a que se garantice la salud de la plantilla.

¿Qué experiencias de organización entre las trabajadoras se han dado en tu centro de trabajo? ¿Crees que se dan las condiciones para que se pueda organizar a la plantilla en vuestro centro?

La primera semana de estado de alarma unas cuantas trabajadoras nos juntamos al finalizar un turno para hablar sobre cómo estaba la situación en la residencia, aunque no teníamos como objetivo conformarla como un espacio de organización. Todas estábamos preocupadas por la responsabilidad que recaía en nuestros hombros, y la incertidumbre con la que trabajábamos. Decidimos que, si la empresa no iba a garantizar nuestra seguridad, debíamos hacerlo nosotras. Y ahí empezó todo y a pesar de la situación de miedo e incertidumbre en las que nos vemos inmersas a día de hoy, hemos decidido que la organización debe tener carácter permanente.

La garantía de que la asamblea continúe después del cese del estado de alarma pasa necesariamente por los cuidados, uno de los objetivos principales de las asambleas, después de cohesionarnos para hacer frente a las negligencias de nuestro centro. El aliento que suponía la unidad de la plantilla fue la que permitió, en mayor medida, que pudiéramos analizar que la situación que estábamos viviendo nada tenía que ver con la crisis sanitaria sino con nuestra posición como mujeres y sobre todo como clase trabajadora. Y es que, en realidad, nuestro sector siempre ha tenido unas condiciones laborales pésimas.

La organización no ha cesado en ningún momento, manteniendo reuniones periódicas y realizando interlocuciones con la empresa para llegar a acuerdos, sobre todo en materia preventiva y de salud, ya que son las cuestiones más prioritarias actualmente. A pesar de la sobrecarga de trabajo que supone la organización y la situación que estamos viviendo, los cuidados y el apoyo entre la plantilla son el oxígeno necesario para no cesar en nuestra propia escalada de organización, que tenemos muy claro que seguirá creciendo poco a poco.

[1] IMSERSO, 2018.

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