EL PCE-EPK y Gazte Komunistak muestran su rechazo ante la desproporcionada petición de 50 años de prisión para los acusados por la trifulca con Guardias Civiles en Altsasu.

Ante la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de 50 años de prisión a los acusados por una pelea  con Guardias Civiles en Altsasu, desde el PCE-EPK y Gazte Komunistak queremos mostrar nuestro rechazo a esta decisión que en ningún caso está justificada teniendo en cuenta los hechos acaecidos en base al primer testimonio de los Guardias y los partes de lesiones de estos.

Esta decisión entendemos que más allá de buscar justicia, pretende dar alas a la agenda ultra del PP. Una agenda que se basa en poner palos en la ruedas en el proceso de normalización política, final de la violencia y respeto de los derechos humanos. Quienes indultan a corruptos y encubren a torturadores franquistas son los mismos que pretenden condenar a 50 años de cárcel a un grupo de jóvenes por una supuesta agresión en un bar.

Los jóvenes encausados llevan más de medio año en prisión preventiva acusados de actos de terrorismo, debido a una pelea en un bar en la que presuntamente agredieron a dos guardias civiles fuera de servicio y sus parejas.  Desde el momento en que se decidió juzgar a estos jóvenes en la Audiencia Nacional por terrorismo y no como correspondía en los juzgados de Pamplona, por una reyerta en un bar, se demostró cual era la verdadera intención.

La Audiencia Nacional, como ya hemos denunciado desde el Partido y la Juventud Comunista en otras ocasiones, es un tribunal de excepción más bien propio de épocas pasadas. Es la máxima expresión de un aparato judicial al servicio del poder  y del régimen del 78.

El mismo Régimen que mantiene al compañero Alfon en prisión y a cientos de sindicalistas y activistas sociales encausados y criminalizados por defender los derechos del conjunto de la Clase Trabajadora en diferentes jornadas de movilización. Lo ocurrido con los jóvenes de Altsasu es otro ejemplo más que nos carga de razones para defender el final de esta arquitectura social, institucional y judicial y comenzar un proceso constituyente para democratizar el Estado español y sus pueblos y construir una República federal, democrática, solidaria y socialista.