JERTE, GATA Y LA LEY DE MONTES EN EXTREMADURA

La alta diversidad y valor ecológico de Extremadura se ven reflejadas en las 490.000 hectáreas de masa forestal que alberga la región y que parecen descender cada verano como si de una cuenta atrás se tratase debido a los incendios provocados. Este año el fuego vuelve a asolar Extremadura y más concretamente las comarcas del norte de Cáceres.

Los incendios de este año se han cobrado en el Valle del Jerte más de 900 hectáreas, cercanas a la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos, zona de importancia turística considerable en plena temporada alta. El otro foco fue controlado en la comarca de Sierra de Gata, un incendio que ha calcinado unas 60 ha que parecen no ser nada frente a las 7000 que el fuego arrasó el año pasado.

Estos paisajes de montaña se caracterizan por la presencia de castaños y rebollos, aunque las políticas forestales llevadas a cabo en nuestro país en décadas pasadas favorecieron en ocasiones la sustitución de la vegetación natural por otras especies arbóreas de mayor interés económico. Esto tuvo como consecuencia la repoblación de vastas áreas con pinos y eucaliptos, que además se tratan de especies pirófitas, es decir, que tienen mayor capacidad para regenerarse tras los incendios, al contrario que los castaños, por ejemplo.

Toda esta serie de consecuencias han venido alentadas, en cierta manera, por la modificación de la ley de Montes, aprobada por la mayoría absoluta del Partido Popular. La ambigüedad de esta ley, 21/2015, y su libre interpretación, siempre “en pos del interés público general”, para recalificar terrenos incendiados, que ya no requiere del transcurso de 30 años para que las zonas de montes calcinadas puedan pasar a ser urbanizables.

A su vez la modificación de esta ley subordina el papel de los agentes forestales a los cuerpos de Seguridad del Estado en la investigación de un posible delito ambiental, impidiéndoles la elaboración de atestados.

Estos cambios están pensados para favorecer los intereses sectoriales y empresariales y poner en peligro el aprovechamiento tradicional de montes públicos por la irrupción de sociedades mercantiles para la explotación de los recursos forestales.

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