Las vecinas del polígono sur llevan años sufriendo las consecuencias de una deficiente instalación eléctrica. Frente al relato ofrecido por la administración y la empresa responsable del suministro, Endesa, la plataforma Nosotras También Somos Sevilla (NTSS) trata de desmentir que se trate de un conflicto de vecinos contra vecinos. Señalan como principal responsable del problema el deplorable estado de la red, anticuada, incapaz de soportar el día a día de una sociedad del siglo XXI. 

Neiva Copado es integrante de la plataforma NTSS. Hace retrospectiva y plantea que el inicio de las protestas por las dificultades del suministro eléctrico no comenzaron este verano, sino mucho antes. 

Las quejas por los cortes de luz y los fallos de suministros se venían arrastrando ya desde lejos. Un titular de diciembre de 2016 reza: IU alerta de “chapuzas intolerables” en el Polígono Sur tras salir ardiendo una caja de conexión eléctrica. Días después de la inauguración del árbol de Navidad de luces del barrio, la caja de conexión de uno de los bloques se prendió. Las llamas se extendieron a dos bloques que tuvieron que ser evacuados de inmediato. Otros ocho se quedaron sin luz durante horas. Neiva recuerda el incidente porque fue su bloque en el que se produjo el incendio. Aquella semana los medios celebraron que no se hubiese producido ningún incidente de carácter humano, pero señalaban también el innecesario riesgo al que estaban expuestos los vecinos. El lamentable estado de la red hacía saltar las alarmas y ponía en peligro de sobremanera a los residentes del barrio. Y sigue haciéndolo. 

La semana pasada salían a la calle para ser entrevistados algunos de los vecinos afectados. Un hombre declaraba tener a su cuidado a dos personas -su suegra y su hijo- encamadas, y haber pasado las últimas 22 horas sin luz. Una vecina afirmaba haber recibido una factura de 120 euros el último mes sin apenas haber hecho uso del suministro. Otra indicaba un apagón en su bloque de 25 horas. Las vecinas hacían ante cámara un recuento de los cortes producidos por bloques. Los cortes se suceden de manera constante desde junio. Durante el asfixiante verano sevillano, otros conflictos afloraron. Neiva recuerda el caso de un estudiante que preparaba su selectividad al que los cortes de luz le impedían llevar sus estudios al día. “Sin red eléctrica no podía tener acceso a internet. Y eso solo en el caso del que tenga un ordenador”.

El pasado noviembre veíamos cómo se instalaba un nuevo transformador eléctrico en una esquina de la avenida de Nuestra Señora de la Oliva. Esta reciente inversión de la empresa Endesa llega a los 136.000€. La cifra de gasto total en la zona en el último año alcanza los 900.000€ totales. Los representantes institucionales presentes, entre ellos el comisionado para el Polígono Sur, Jaime Bretón, y el director general de Endesa en Andalucía y Extremadura, Rafael Sánchez, acudieron a la inauguración del generador. Este prometía combatir la sobrecarga de los enganches ilegales, duplicando la potencia de la electricidad hasta llegar a los 2.000 kilovatios en una zona del distrito para hacer frente al elevado consumo que se produce en ciertas zonas debido a las plantaciones de marihuana indoor. El comisionado agradeció la solidaridad del director general de Endesa en la región por realizar acto de presencia durante la instalación, y animó a la cooperación entre las administraciones y los actores privados para seguir trabajando hacia unas mejores condiciones de vida en el barrio. Bretón también planteó la creación de unos planes conjuntos para animar a los vecinos a “legalizar enganches ilegales por la peligrosidad, así como cursos de eficiencia energética a través de los recursos de la eléctrica”. 

Se plantean aquí dos asuntos fundamentales. El primero, la incomprensión de las administraciones ante el origen de los conflictos sociales. El segundo, la cuestión de las condiciones reales de las infraestructuras en el barrio, tanto físicas -la propia solvencia de la red actual completa-, como económicas. Aunque se prometa y reprometa la renovación de la red en el distrito, nunca llega. “La instalación eléctrica tiene más de cincuenta años y no está preparada para soportar la carga eléctrica de hoy en día. Se dedican a parchear desperfectos que no solucionan los problemas”, recuerda Neiva. Los planes integrales de renovación no aparecen y los parches no consiguen ocultar las carencias materiales. Mientras que en otros barrios el Ayuntamiento realiza acuerdos con Endesa para el soterramiento de la red, por ejemplo en el Distrito Este, el Polígono Sur sufre las consecuencias del abandono urbanístico y sigue soportando las continuas saturaciones del suministro. Esto responde a una planificación de la ciudad que permite la marginalización barrial e ignora la visión de la ciudad como espacio habitable, primando únicamente los aspectos más economicistas. 

La realidad que conocemos es que existen bloques en ciertas zonas en los que prácticamente toda la conexión eléctrica está realizada de manera irregular, sin garantizar de ningún modo la seguridad necesaria. La cuestión de las plantaciones ilegales en interiores es el principal motivo por el que se producen estos cortes de luz, según las administraciones. La red se sobrecarga ya que cada invernadero intensivo – normalmente enganchado a la corriente de forma irregular- consume lo mismo que 80 viviendas de la zona, asegura Endesa. Estas plantaciones se suelen situar en domicilios en los que actualmente se desconocen a los actuales residentes; no existe un censo actualizado de los últimos compradores. Fuentes de la plataforma regional Barrios Ignorados aseguran que el cultivo se efectúa en pisos que son de la Junta de Andalucía y están gestionados por AVRA. Rosario García, portavoz de NTSS responde con esta petición: “Lo que dice Endesa del tema de los pisos… pues que AVRA haga un censo y sepa quién vive y cómo vive”. Neiva lo confirma: “es responsabilidad de la administración conocer quién reside. No debe estar en manos de los vecinos realizar acusaciones”. 

Leemos esta misma reivindicación en el comunicado que se leerá en la próxima movilización de la plataforma el día 28 de enero, que tiene intención de provocar un corte de tráfico en la Avenida de la Paz. Dirigido a las instituciones dice así: “Llevamos decenas de años pidiendo que se elabore un censo de viviendas y personas, que se controle la compraventa ilegal de pisos y se tutele el funcionamiento de las comunidades de vecinos. ¿Por qué no se hace? ¿Sigue habiendo Plan Integral?”. Se entremezclan en este punto dos relatos. Por un lado, la visión de las administraciones, que arrastra consigo de manera implícita la criminalización de los vecinos del barrio por realizar enganches ilegales y por no encargarse de señalar dónde se encuentran las principales plantaciones. Por otro lado, las asociaciones y grupos de afectados que combaten esta versión acusando a estas administraciones de simplificación del discurso.

Mientras, el Polígono Sur se mantiene en el puesto número uno de barrios con menor renta neta anual por persona en el Estado Español. En un ambiente de marginalización urbanística, las problemáticas de habitabilidad se perpetúan. APHDA plantea en un comunicado que “la explicación real de los cortes de luz exige una mirada más amplia de la que se está mostrando, pero criminalizar a todas las personas que sufren los cortes de luz es una bomba de relojería social”. En el conflicto de los cultivos, las vecinas no son responsables de las plantaciones, sin embargo, las administraciones sí lo son de su identificación y desmantelamiento. Los dilemas relacionados con los enganches de luz no regularizados requieren un análisis social más complejo; se trata de las consecuencias de un modelo energético basado en la privatización de los servicios esenciales.

Asamblea vecinal del Polígono Sur

Para asociaciones como APDHA, tratar de castigar a los ciudadanos por un lado acusándolos de incumplir la ley por realizar empalmes de luz cuando esta misma a veces es inalcanzable para ciertas familias resulta un error político. Este modelo de gestión eléctrica y discriminación sistemática solo agudiza otros conflictos, como las enormes colas de espera para la atención de los servicios sociales en el barrio. Casi 600 personas solo en este barrio (según cifras obtenidas desde el Ayuntamiento de Sevilla) esperan ser atendidas por el centro de servicios sociales. Esta larga demora está provocada por el déficit que sufre en materia de personal la Delegación de Bienestar Social desde hace años, que a su vez se ha agudizado por las circunstancias que plantea la pandemia. 

En una publicación, la Plataforma Interdistritos Barrios Hartos, en la que participa NTSS, se expone de igual forma: “Sabemos que las eléctricas están articulando una campaña de propaganda para culpabilizar de la situación a los enganches ilegales con el propósito de esconder sus responsabilidades. Por nuestra parte nos desmarcamos de tales argumentos. En primer lugar, porque entendemos la luz como un servicio esencial y, si hay gente que no puede afrontar el pago de unas facturas abusivas, eso no puede servir para tapar que las infraestructuras están abandonadas”. Entra en juego pues, la cuestión de la subida del precio de la luz como consecuencia de su progresiva privatización desde hace 40 años.

El cartel de la penúltima convocatoria realizada por Barrios Hartos, realizada el 11 de noviembre exponía: la luz es un derecho, no un negocio. Convocada a las puertas de la sede central de Endesa, cerca de 100 vecinos de distintos barrios se reunieron para protestar por la subida de la factura de la luz, y por los recientes cortes que se dan en otras zonas de la ciudad, como por ejemplo en Torreblanca. El portavoz de la plataforma insistía: “desde la privatización de las eléctricas el precio de la luz ha subido un 77%”. Para las activistas, la cuestión no sólo pasa por reclamar una solución ante la última subida, sino por criticar el actual modelo energético imperante. Repensar las eléctricas pasa por un debate político agotador en el que las vecinas que participan de estos movimientos sociales llevan un posicionamiento claro: la nacionalización. 

Desde NTSS se ha creado un grupo de trabajo -este se suma al escolar y al sanitario ya existente- que pretende asistir de manera legal a las personas afectadas por cortes que recurren a la empresa. La plataforma advierte que muchas personas no son capaces de llevar a cabo estos trámites burocráticos. Daniel González Rojas, concejal del Ayuntamiento por Adelante Sevilla, mostraba a cámara en un reciente pleno unos folletos repartidos a las vecinas del barrio por parte de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, y Transformación Económica en el que se puede leer: “Ponte las pilas contra Endesa. Recuerda, sólo la Junta de Andalucía es la administración competente en el suministro eléctrico. Presenta tu queja por escrito”.

Querer derivar el problema no es suficiente para conseguir que desaparezca. Ignorar la profundidad de la problemática por otro lado, pasa por dejar en el olvido las particularidades de un barrio complejo en su diversidad y sus circunstancias. Pasar la bola a otras administraciones superiores tampoco sirve para solucionar el conflicto. Los vecinos del barrio se sienten abandonados por las instituciones y los partidos. Esta manera de lanzar balones fuera solo deja entrever una falta de análisis social y de compromiso para con la ciudadanía por parte de la administración, así como de las empresas privadas, cuyo principal interés no parece ser garantizar unas condiciones de vida al alcance de todas las vecinas. Esta misma desafección política trata de combatirse en el barrio mediante la organización colectiva. Con la esperanza y la seguridad de llevar sus reivindicaciones hasta el final, el nombre Nosotras También Somos Sevilla cobra cada vez más sentido y más fuerza.

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