Aritz Rodríguez Galán,
Presidente de la Federación Mundial de la Juventud Democrática
y miembro del Comité Central de la Juventud Comunista.

La historia a veces es caprichosa. Un día después del 50 aniversario de la proclamación por el Congreso de Chile de Salvador Allende como presidente se llevará a cabo una de las votaciones más importantes en años del país latinoamericano. Este 25 de octubre, Chile votará en referéndum si dar comienzo a un proceso constituyente que acabe con la Constitución Política de la República de Chile de 1980. Una constitución que fue redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet, y que, por lo tanto, evidencia la herencia que dejó la dictadura y que sigue todavía vigente en el régimen chileno.

No es el primer intento que Chile lleva a cabo para intentar dar comienzo a un proceso constituyente que acabe con la constitución heredada de la dictadura de Pinochet, pero sí parece ser el primer intento en el que la victoria popular se produzca. El 18 de octubre de 2019 estallaba una ola de protestas en el país que, de forma prácticamente ininterrumpida, han mantenido al pueblo chileno en las calles protestando contra la nefasta y antipopular gestión del Gobierno de Sebastián Piñera. Hace escasos días, a un año del comienzo de las protestas, Chile volvió a inundar las calles celebrando ese primer aniversario de lucha. Esta coyuntura, sin duda alguna, es prácticamente inmejorable para afrontar un referéndum de tal calibre: con movilización popular y con un pueblo consciente de la necesidad de cambio.

Desde nuestro país, es imposible no mirar hoy a Chile con cierta envidia sana. Y es que, más allá de lo obvio, ambos países compartimos grandes similitudes políticas. A continuación trataremos de esbozar algunos de los elementos por los que Chile merece un proceso constituyente y cuáles son las similitudes con España.

Golpes a Gobiernos democráticos

España, 18 de julio de 1936. Chile, 11 de septiembre de 1973. Una sublevación militar da comienzo al fin del periodo democrático de mayor desarrollo y esplendor del país; al periodo en el que se consiguen mayores avances y victorias para la clase trabajadora y las capas populares del país. En estas dos fechas, separadas por 13.569 interminables días, da comienzo un golpe de Estado que acabará con todos los avances y las conquistas populares de años atrás y que sumirá al pueblo en largos años de represión, opresión y explotación. La ruptura de la democracia en ambos países nació de la mano de los sectores reaccionarios y fascistoides, con el ejército a la cabeza.

Transiciones sin ruptura total con la dictadura

La Constitución Política de la República de Chile de 1980 fue aprobada en plena dictadura de Augusto Pinochet. Tal es así que el dictador gobernó con ella como texto constitucional durante 10 años, hasta que en 1990 abandonara la presidencia del país y comenzara la transición chilena. Una transición que, si bien realizó leves reformas constitucionales, mantuvo el grueso del texto y ni mucho menos se planteó un proceso constituyente. El liderazgo de la transición recayó sobre Patricio Aylwin, quien se mostrara favorable al golpe militar de 1973, y que si bien mantuvo muy leves pulsos con Pinochet y sus sucesores, no tocó el sistema político ni económico heredado de la dictadura. Además, de forma similar a lo que ocurriera en España con la absolución de los crímenes cometidos por la dictadura franquista, se blindó la impunidad de Pinochet, sus generales y los asesinos y torturadores de la policía política de la dictadura. El único papel de la transición chilena respecto a los miles de asesinados, desaparecidos, torturados y en general las víctimas de la violencia política sistemática de la dictadura consistió en varias comisiones parlamentarias con conclusiones no vinculantes ni legal ni penalmente.

En España, si bien el texto constitucional se aprobó ya en 1978, con el dictador Francisco Franco muerto, no se puede omitir la herencia franquista que impregnó la transición. Adolfo Suárez, una de las figuras más conocidas de la transición española en tanto que presidente del Gobierno de España de 1976 a 1981, es decir, en plena transición, ocupó sendas responsabilidades políticas durante la dictadura: procurador en las Cortes franquistas, director general de Radiodifusión y Televisión, vicesecretario general del Movimiento, o ministro-secretario general del Movimiento, entre otros. Pero la transición no solamente fue tutelada por un exdirigente de la dictadura, sino que Francisco Franco se aseguró de que la jefatura del Estado se mantuviese en alguien de confianza. Así fue como en 1969, en las Cortes franquistas, Juan Carlos de Borbón fue designado como heredero de Francisco Franco a la jefatura del Estado a título de rey. La Constitución española de 1978, lejos de trastocar los designios del dictador, les dio rango constitucional, blindando así a la monarquía en dicho cargo.

En ambas transiciones encontramos elementos que muestran cómo no existió una ruptura total con la dictadura que las antecedió: ni en Chile con Augusto Pinochet, ni en España con Francisco Franco. Ambas transiciones supusieron, valga la redundancia, la transición «pacífica» de una dirigencia política a una nueva, que no trastocó los pilares fundamentales político-económicos. Fueron transiciones garantes de que las clases dominantes mantuvieran su poder.

Ausencia de depuración total de los elementos de la dictadura

Tras una transición realmente democrática, lo mínimo que uno espera es que los elementos de la dictadura como dirigentes e instituciones depuren responsabilidades, sean juzgados por sus crímenes y cumplan la condena, ya sea por perpetrar crímenes contra su pueblo como por ser cómplices de los mismos. En Chile y España, tanto personalidades de la dictadura, como instituciones en sí, no se vieron siempre obligadas a abandonar sus responsabilidades o desaparecer de la vida pública. La depuración de los elementos de la dictadura no fue algo que se produjese de forma generalizada, sino que muchas de ellas vivieron las transiciones desde la dictadura prácticamente sin inmutarse.

En el caso de Chile, además de lo ya mencionado, encontramos varios ejemplos reseñables. Los Carabineros de Chile, que tan mencionados han sido últimamente por la represión de las protestas con especial mención al empujón al joven de 16 años al río Mapocho puente abajo, son un gran ejemplo de esto. El que fuera general director de los Carabineros de Chile y miembro de la Junta Militar que gobernara el país durante la dictadura, Rodolfo Stange, se mantuvo como dirigente de los Carabineros hasta 5 años más tarde de que finalizase la dictadura de Pinochet. Tras dejar la dirección de este aparato policial, se integró en la vida política a través de la Unión Demócrata Independiente, un partido fundado durante la dictadura, que era partidario de la misma, y que defendió la continuidad de Pinochet al mando de Chile hasta el último momento. Lamentablemente, no es necesario irse tanto tiempo atrás para encontrar más ejemplos de esa ausencia de depuración. En el actual Gobierno de Sebastián Piñera tres ministros eran contrarios al Gobierno de Salvador Allende, apoyaron el golpe de Estado y fueron defensores de la dictadura. Se trata de los actuales ministros del Interior, Víctor Pérez; ministro de Justicia, Hernán Larraín; y de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand. De la misma manera, el (breve) nombramiento de Macarena Santelices como ministra de la Mujer y de la Equidad de Género para el Gobierno de Sebastián Piñera también fue muy sonado. Macarena Santelices había realizado sendas declaraciones en favor de la dictadura de Augusto Pinochet, afirmando que había que reconocer «lo bueno del régimen militar». Además, tampoco pasó desapercibida su cercanía familiar con la dictadura, en tanto que es sobrina nieta del dictador.

En España, por desgracia, esta ausencia de depuración también fue una de las características de la transición, aunque parece que últimamente comienza a plantearse los inconvenientes que supuso la Ley de Amnistía de 1977 para la verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo. De la misma manera que en Chile, la renovación de la dirigencia de los aparatos represivos del Estado es algo que siempre se demora en el tiempo. La Dirección General de Seguridad, la responsable de tantísimas atrocidades en los temidos «bajos de Sol», se mantuvo hasta 4 años después de la muerte de Francisco Franco, y un año tras la aprobación de la Constitución de 1978. Por si fuera poco, el último mandato fue regentado por Mariano Nicolás García, un abogado franquista y militante de FE y de las JONS que ocupó responsabilidades de relevancia durante la dictadura como, por ejemplo, la de secretario nacional del Sindicato Español Universitario. Imposible citar todos los ejemplos de supuestos «conversos», que pasaron de apoyar la dictadura a ser «respetables demócratas» en cuestión de días: Rodolfo Martín Villa, Manuel Fraga Iribarne, el propio Adolfo Suárez, y un interminable etcétera llenan esta lista de la vergüenza.

Chile debe aprobar

Es obvio que Chile merece un proceso constituyente. Así lo lleva demandando un gran sector del pueblo chileno durante años, y así lo han defendido el Partido Comunista de Chile y las Juventudes Comunistas de Chile durante años. Sería difícil, e incluso injusto, entender este referéndum que afronta Chile para decidir si iniciar un proceso constituyente obviando que las y los comunistas chilenos llevan trabajando esta consigna durante décadas. Un trabajo político e ideológico para mostrar la herencia de la dictadura de Pinochet que seguía viva en el presente; para mostrar que una revolución para instaurar una verdadera democracia en Chile era necesaria; para mostrar que construir un Chile digno, al servicio de su pueblo, era imprescindible.

Aún así, en medio de este clamor popular y constituyente, la burguesía chilena ha retorcido la segunda pregunta del referéndum. Viendo imposible resistirse a elaborar una nueva Constitución, ha introducido (con la inestimable ayuda de los partidos centristas y socialdemócratas de Chile) una segunda pregunta altamente peligrosa para la soberanía del pueblo chileno y a la transparencia del proceso constituyente. Se intenta limitar el proceso constituyente mediante la elaboración del nuevo texto constitucional por el mecanismo de la convención mixta, que implicaría que la mitad de los miembros de la convención constitucional serían elegidos democráticamente, y la otra mitad serían directamente designados por el actual parlamento, donde los sectores neoliberales y conservadores cuentan con mayoría. Por ello, es imprescindible garantizar la democracia y la sumisión de la convención constitucional al mandato pleno del pueblo chileno, apostando en la segunda pregunta por una convención electa directamente en su totalidad.

Chile merece que este 25 de octubre se convierta en un homenaje a Allende, a la Unidad Popular, a todos los compañeros, compañeras y camaradas que fueron perseguidos e incluso asesinados por la dictadura de Augusto Pinochet. Chile merece construir un país que ponga los intereses de su pueblo en el centro. Chile merece un país libre de explotación, libre de cualquier tipo de opresión.

Chile, hoy te miramos con envidia. Con envidia sana de ver a un pueblo avanzar hacia la depuración de todos los restos de la dictadura que tanto dolor ocasionó. Pero, Chile, sobre todo te miramos con la certeza de que lo que vosotros y vosotras habéis conseguido hoy, más pronto que tarde lo conseguiremos aquí. Para que nosotros también acabemos con todos los restos del franquismo y caminemos hacia ese horizonte republicano y socialista.

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