En todos nuestros libros de texto ha tenido siempre un lugar especial, casi mitológico, la Unión Europea. Era la personificación misma del progreso, la salvadora de una España subdesarrollada y subyugada durante cuatro décadas de dictadura franquista. En la mayor parte de las regiones de nuestro país, los puentes, las pistas deportivas, y en ocasiones hasta las rotondas más inverosímiles tenían incluido el sello de esa entidad sobrenatural denominada Unión Europea. La misma mención al continente Europeo como entidad geográfica parecía cooptada a esa realidad institucional, y encima habían montado un maravilloso programa de intercambio estudiantil por el que todo universitario podía pasarse unos meses en otro país. Todo esto contribuía a generar una especie de soberbia europea, en la cual formábamos parte de una superpotencia que, según se vendía, por primera vez en la historia no actuaba en beneficio propio sino como guardiana de las esencias democráticas.

Sin embargo, en el primer apuro serio, en el mayor momento de necesidad, todos vimos la verdadera cara de esa supuesta Unión. Y no era la de la simpática bandera azul y amarilla, ni el pegadizo (y algo hortera) Himno a la alegría. Era la cara de la Troika, de los recortes más despiadados, de la imposición de gobiernos no electos por nadie y de la destrucción de derechos sociales y laborales. Aquello perdura en nuestra retina y en la del conjunto de las sociedades del Sur de Europa. Tras sufrir esta situación durante largos años, la aparición de la ultraderecha racista como fenómeno político continental contribuyó a crear una sacrosanta alianza de todas las fuerzas que se pretendieran democráticas (es decir, aquellas fuerzas que aceptan y defienden el marco del capitalismo neoliberal) en defensa de la UE. Y además, les permite equiparar cualquier crítica que se realice a la Unión Europea con la ultraderecha. En ese clima, se diluyó la actitud crítica forjada en nuestro país hacia esa forma dictatorial de imposición de las medidas que en cada momento más beneficiaban al gran capital europeo.

Ha tenido que ocurrir una pandemia de orden mundial para que se vuelva criticar la verdadera cara del proyecto de la UE. En el momento en que no solo peligraban las vidas de los países del Sur (como ocurrió durante la crisis económica iniciada en 2008) asistimos a la vuelta a la soberanía plena de aquellos gobiernos que minaron hasta destruir la soberanía de los países de la periferia europea. Y aún así, las críticas que se realizan en los medios de comunicación se limitan a una perspectiva de «insolidaridad» de los países centroeuropeos. Como si fuese más un problema de actitud que un problema de intereses objetivos

Es paradójico que hablemos de reindustrialización y no hablemos de la UE. Es inverosímil que no mencionemos el papel de la Unión Europea a la hora de asignarnos el papel de destino de vacaciones, y de condenarnos a la dependencia económica hacia un sector poco productivo, precario, limitado a poder trabajar la mitad del año exclusivamente e insostenible ecológicamente por las aglomeraciones que causa en buena parte del litoral mediterráneo. Nuestro papel en el marco europeo se limita al de consumir bienes producidos en los países del centro europeo (que sí han mantenido industria y soberanía alimentaria) y alojar a sus residentes en tiempo de vacaciones. Y todo ello con una sonrisa. Nos condenan a trabajos inestables, mal pagados y que no cubren ni las necesidades básicas, como poder emanciparnos. No es tampoco casualidad que las principales familias y grupos propietarios de viviendas en alquiler dediquen una parte enorme de esas viviendas al alquiler vacacional, creando una especulación sin fin en torno al uso de la vivienda en nuestras ciudades. 

La dependencia del turismo no es una casualidad, forma parte de un reparto consciente de papeles en la división europea del trabajo, que ponía como condicionamiento para la adhesión al mercado común el desmantelamiento de la gran parte de industrias productivas de nuestro país, de la ganadería (especialmente la producción láctea) y de buena parte de la agricultura. A todo ello accedieron encantados los gobiernos del PP y el PSOE y la burguesía española, que corrió rauda a la construcción desenfrenada de pisos en primera línea de playa y de hoteles a lo largo y ancho de nuestro país. Una vez las posibilidades de construcción han ido disminuyendo, se han lanzado al establecimiento de Sociedades de inversión inmobiliaria, comprando pisos en el centro y las periferias de las ciudades y usándolos para alojar turistas. Como consecuencia directa, los precios del alquiler habitual de vivienda se han ido disparando y, pese a que en ciudades como Madrid o Barcelona más de una quinta parte de las viviendas se encuentran en régimen de alquiler, es imposible para una persona joven poder permitirse un alquiler.

Actualmente nos encontramos maniatadas por todas partes, la misma estructura internacional que nos asigna un papel económicamente precario e improductivo, contribuye directamente al encarecimiento de las condiciones de vida. Impone medidas de ajuste presupuestario y leyes que restringen y limitan nuestros derechos y libertades al tiempo que se erige en el baluarte internacional de la democracia e interviene ilegítimamente en países como Libia o Venezuela para manipular la voluntad de sus pueblos. Sin embargo, las críticas a la UE son tibias o se limitan a cuestiones puntuales. El compadreo de los grandes grupos de comunicación europeos entre sí es evidente (valga reseñar la alianza del Grupo Prisa con Le Monde y las principales cabeceras mediáticas de Italia, Reino Unido y Alemania), incluso el volumen de negocio de grandes grupos financieros de nuestro país (Santander, BBVA) se encuentra distribuido por los distintos países de Europa. 

Se impone necesariamente una política radical para hacer viable la actividad económica en nuestro país, que ponga en valor el mundo rural y que haga viable la recuperación de la capacidad productiva en sectores abandonados. Una política decidida de freno radical a la acumulación de viviendas, una prohibición total del alquiler vacacional y el control público de los precios de alquiler en nuestras ciudades. Las complicidades entre los propietarios son evidentes, sus prioridades también. Si la juventud española somos la última prioridad para el gran capital y sus principales valedores (la Unión Europea), nuestra primera prioridad debe ser tomar en nuestras manos el futuro de nuestro país y reducir a escombros la sumisión al siniestro logo azul y amarillo.

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