El de la vivienda es un conflicto que ha acompañado al movimiento obrero desde su mismo origen. Este bien indispensable cayó pronto dentro de los límites especulativos del mercado capitalista y la pelea por extraerlo total o parcialmente del mercado no ha cesado hasta hoy.

El contexto a inicios del 2010 era enormemente regresivo. El sector económico de la construcción, como el de la vivienda, han sido núcleos dorsales de la política del Régimen del 78, inculcando en la clase trabajadora que la propiedad de una vivienda era un criterio de realización vital. Una auténtica «cultura de la propiedad inmobiliaria» se asentó en España, desplazando cualquier otra alternativa a la marginalidad. El Estado cumplía su aparte, acomodando legalmente los criterios de urbanización de las constructoras y permitiendo el crédito desenfrenado de los bancos. El artículo 47 de la Constitución, que enunciaba el derecho a una vivienda digna, siempre fue papel mojado.

El estallido de la crisis económica de 2008 y las tasas de desempleo llevó a muchas familias trabajadoras a no poder hacer frente a sus hipotecas, arrancando una ola de desahucios masivos ante la que el Régimen y las constructoras cerraron posiciones: «han vivido por encima de sus posibilidades, la legislación en materia de vivienda es intocable». La nueva politización social tendría en el movimiento por la vivienda uno de sus núcleos.

2011: El ciclo del 15M y la lucha contra los desahucios.

Durante el nuevo ciclo de movilizaciones de inicios de década, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca tuvo un enorme protagonismo. Esta asociación nació del anterior movimiento «V de Vivienda», primero en Barcelona y posteriormente en todos los núcleos urbanos del país. A través de la problemática de las hipotecas, la PAH denunciaba todo el sistema inmobiliario y productivo español, ajeno a los intereses de la mayoría trabajadora, señalando su consecuencia más extrema: el desahucio. Su más conocida campaña, Stopdesahucios, logró poner las expulsiones en la agenda, y muchas veces con el apoyo de sectores amplios de la clase trabajadoras, incluidas familias de origen migrante.

Activistas de PAH Vallekas en la Junta de Distrito

De manera paralela, se impulsó una Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago: la posibilidad de saldar las deudas hipotecarias con la entrega del inmueble, una opción existente en muchos países pero no en España. Esta iniciativa obtuvo un apoyo arrollador, con 1.400.000 firmas, llegando hasta el Congreso y poniendo la estafa inmobiliaria en el foco. En paralelo, la denuncia de las cláusulas bancarias abusivas logró la victoria en los tribunales.

Fueron también los años de los «escraches», que buscaban señalar públicamente a los cargos del bipartidismo PP-PSOE que actuaban en connivencia con bancos y constructoras, o la lucha por recuperar las viviendas vacías de los bancos. Entre los logros de este movimiento estuvo el de convencer a la clase trabajadora de que estaba legitimada para hacer uso de la acción directa para garantizar su derecho a una vivienda digna. A pesar del carácter pacífico de este movimiento, muchas veces sus participantes sufrieron la criminalización policial, judicial y mediática.

2014: El efecto de la institucionalización

Desde el año 2014 en adelante, numerosos cuadros activistas del ciclo movilizador y de la PAH entraron a las instituciones del Estado. Las consecuencias de ello han sido múltiples, desde algunas victorias locales hasta el vaciamiento d la movilización, llegando al blanqueamiento de las entidades financieras (por ejemplo, la actuación del gobierno municipal de Carmena en Madrid contra la lucha de las vecinas de la calle Argumosa o el patrocinio de la Operación Chamartín).

Hoy existen nuevas normas en materia de vivienda, e incluso un reciente Real Decreto sobre el alquiler. Estas leyes traen algunas mejoras parciales, pero no han asumido la mayor parte de reivindicaciones desarrolladas en el ciclo anterior, ni cuestionan el modelo de vivienda español, la especulación del suelo y la propiedad privada. Siguen existiendo desahucios, viviendas vacías, privilegios para los fondos buitre… y precios del alquiler insostenibles.

Fotografía extraída de https://pahbarcelona.org/

La lucha por el alquiler

Con todo, el movimiento por la vivienda ha explorado nuevos frentes de batalla más allá de las hipotecas, como la lucha por el alquiler digno. Tras la última burbuja inmobiliaria, se han dado grandes procesos especulativos en torno a los precios de los alquileres: la entrada de fondos de inversión y entidades financieras internacionales en el mercado del alquiler, la especulación con las viviendas vacías, los alquileres turísticos tipo AirBnB, los procesos de gentrificación barrial… han conllevado incrementos de hasta el 40% en ciudades como Madrid o Barcelona. La ausencia prácticamente total de vivienda pública en alquiler impide desarrollar un modelo alternativo.

Ante esta situación, el movimiento por la vivienda ha ahondado en dignificar la opción de vivir en alquiler como una alternativa factible, y no una mera opción temporal y de menor importancia. Esta es una realidad que se corresponde con la de la mayoría de la juventud trabajadora. Ante la amenaza de la especulación con el alquiler, toma mayor importancia que nunca la organización de las vecinas como comunidad capaz de darse apoyo mutuo y asesoramiento.

2018: Los sindicatos de inquilinas

Al final de la década, comenzaron a surgir este tipo de asociaciones. Son herederas del estilo movilizador de la PAH y beben del movimiento vecinal, pero se formulan como sindicato por la experiencia histórica previa en otros lugares de Europa. El Sindicat de Llogaters es un ejemplo paradigmático, con una fuerte presencia en Barcelona. Su lucha, enfocada en la problemática del alquiler, interpela a las inquilinas como sujeto activo de lucha. Ello deriva en cierto interclasismo, combinándose en su seno la lucha vecinal con cuestiones de asesoramiento técnico para toda clase de inquilinas.

Manifestación contra los fondos buitre en la Puerta del Sol de Madrid de Alberto Pozas

Su objetivo político es una nueva Ley de Arrendamientos Urbanos que garantice el acceso a vivienda y el control de precios, con opciones asequibles para cualquier persona que pongan fin a la especulación. Entre sus grandes logros está unir a las vecinas de bloques de vivienda que fueron vendidos a fondos buitres (#BloquesEnLucha), insertándolos en la lucha general por la vivienda. La campaña #NosQuedamos, por otro lado, apela a la desobediencia civil directa.

2020: La lucha que no cesa

Como comunistas entendemos que la lucha por una vivienda digna no tendrá fin bajo el régimen capitalista, pues el carácter mercantil de la vivienda es un botín demasiado valioso para la burguesía. No obstante, sabemos que es una lucha prioritaria, pues las condiciones de una vida digna pasan irremediablemente por el derecho a la vivienda tantas veces pisoteado.

En esta nueva década, seguiremos luchando por un modelo de vivienda centrado en el alquiler social, donde la juventud trabajadora pueda aspirar a emanciparse. Por ciudades y barrios donde se pueda vivir con dignidad. Porque no haya «gente sin casas, ni casas sin gente». La lucha por la vivienda no cesa.

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